Isabel Tocino dice que no se privatizará el agua, pero que podrá venderse "su uso"

La ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, afirmó ayer que "no se va a privatizar el agua, sino que se creará la posibilidad de vender el derecho de uso". Según Tocino, su ministerio estudia modificar algunos artículos del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, para permitir que quienes no sacan provecho de su "derecho de uso" puedan venderlo, algo que la ley actual no permite. Sería "un mercado regulado" sobre el que el Gobierno pondrá las "cautelas necesarias", porque "no se va a legalizar un mercado negro del agua que sí existe en algunas zonas".

La titular de Medio Ambiente afirmó ayer en Toledo que "el Gobierno no va a poner un precio al agua ni existirán topes", sino que el resultado dependerá de "la ley de la oferta y la demanda".Según la ministra, no se retirarán las concesiones del derecho de uso, pero sí su venta a alguien que lo pueda utilizar, favoreciendo así "la competitividad dentro de la política agraria común en la que nos encontramos".

En cuanto al convenio firmado entre su ministerio y la Comunidad Valenciana, que según el ejecutivo regional es "un trasvase encubierto", postura que tachó de "utilización política del agua", Isabel Tocino quiso zanjar la polémica afirmando que el derecho sobre el agua asiste "exclusivamente" a la Unión de Sindicatos de Usuarios del Júcar (USUJ), a pesar de que el río nazca y transcurra por tierras castellano-manchegas. Según la titular de Medio Ambiente, varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia ratifican esa utilización exclusiva. A pesar de ello, la mejor utilización del agua con las obras que se contemplan en el convenio firmado permitirá que en Castilla-La Mancha se queden 100 hectómetros cúbicos anuales de agua.

Confederaciones

Por otro lado, y dentro de las modificaciones que prepara su ministerio, Isabel Tocino aseguró que aunque las confederaciones hidrográficas podrían ser financieramente autosuficientes, una disfunción entre la ley de aguas y el reglamento de dominio público hidráulico permite en la actualidad mantener "la cultura del recurso" y el impago de los cánones de agua y de vertidos de particulares, empresas y ayuntamientos.De esta manera, el coste financiero de las confederaciones lo soportan las arcas del Estado. En este punto la ministra no se mostró partidaria de "una amnistía" por este impago, pero sí de buscar fórmulas para que los deudores se pongan al día.

Según publicó EL PAÍS el pasado domingo, los cambios que se van a someter al Consejo de Ministros afectan a las concesiones de agua, así como a la declaración y financiación de las obras hídricas de interés general.

La actual estructura de las Confederaciones Hidrográficas sufriría asimismo una transformación total, hasta el punto de que entre los funcionarios que trabajan en estos centros ya ha surgido el temor de perder su condición de trabajadores públicos y pasar a pertenecer a sociedades mercantiles ajenas a la Administración.

Equipo

La reforma la gesta un equipo reducido de la secretaría de Estado de Aguas y Costas, a cargo del titular Benigno Delgado, y cuyos trabajos se inspiran en las ideas de los ingenieros de Caminos jubilados José María Gil Egea -asesor del grupo parlamentario del PP y representante de Iberdrola en la Confederación del Júcar- y José María Martín Mendiluce -proyectista del Trasvase Tajo-Segura-, así como de Ramón Llamas, catedrático de Hidrogeología y conocido por su oposición frontal a la política de aguas del socialista José Borrell.El modelo de mercado del agua que ha inspirado al PP es el de California, donde a los ciudadanos se les permitió comprar agua a los agricultores durante un prolongado periodo de sequía. Sin embargo, el experimento tuvo sus contrapartidas económicas y costos sociales, puesto que el funcionamiento agrícola se resintió, con la consiguiente repercusión en la industria de fertilizantes y de derivados.