La familia de Carmelo Soria rechazo la compensación ofrecida por Chile

El caso Soria no está resuelto. Al menos para la familia del funcionario español de Naciones Unidas asesinado por la dictadura del general Augusto Pinochet en 1976, que ha rechazado el acuerdo de negociación ofrecido por el Gobierno chileno para compensarla moral y económicamente. Laura González-Vera, la viuda de Carmelo Soria, declaró ayer que, una vez agotada la vía legal chilena después de ser amnistiados los culpables, el problema debe pasar ahora a las instancias de la ONU.

"El caso se ha convertido en un problema jurídico entre Estados, y es España quien debe reclamar ahora a través de las instancias de la ONU el cumplimiento del Convenio Internacional de Prevención y Castigo de los Delitos", dijo González-Vera en una rueda de prensa en Madrid. Sin embargo, reconoció las dificultades políticas que todo ello comporta. Previamente el Gobiemo chileno debería hacer llegar al secretario general de la ONU la sentencia dictada por la Corte Suprema de Chile que aplicó la amnistía a los miembros de la policía política que asesinaron al funcionario de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) el 14 de julio de 1976.La familia estima inaceptable que Chile no haya reconocido de forma clara la condición de funcionario internacional, y por consiguiente de persona internacionalmente protegida que tenía Soria. Independientemente de las acciones que a partir de ahora emprenda España, los familiares estudian otras iniciativas a título particular.

El Gobierno español anunció a través de un comunicado que no podía aceptar la propuesta chilena porque no recoge las aspiraciones de la familia, al tiempo que se comprometió a seguir actuando de acuerdo con los intereses de sus representantes. Sin embargo, hizo una valoración "positiva" de la misma "por cuanto supone un serio intento de concretar, mediante la negociación entre los dos Gobiernos, una solución extrajudicial que comprendiese tanto los aspectos morales como materiales de la deseada reparación".

El Gobierno chileno ha ofrecido como reparación la donación de un millón de dólares (125 millones de pesetas) para crear una Fundación en su nombre a fin de promover los derechos humanos, así como erigir un monumento en su memoria. Fuentes oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores comentaron a este diario que elevar el caso a las instancias de la ONU es bastante difícil, pues Soria tenía la doble nacionalidad y poseía la residencia chilena cuando fue asesinado.