Una solución razonable

Cuando se estudian los antecedentes de la cuestión parece evidente que en relación con el Archivo de Salamanca se ha producido tal acumulación de errores innecesarios que era previsible un conflicto grave como el que al final tuvo lugar, en detrimento de intereses culturales y de la convivencia entre los españoles. Aquel Archivo, durante toda la década de los ochenta, no realizó la incorporación de fondos de otras procedencias que hubiera sido necesario para completarlo, y vio desaparecer en la práctica su Patronato, institución destinada a colaborar en su gestión y a protegerlo frente a las intromisiones de la política. Cuando el Gobierno de Felipe González decidió por las buenas y sin consultar a nadie enviar a Barcelona una documentación reclamada por la Generalitat el resultado fue una reacción indignada de los ciudadanos de Salamanca. El PP practicó entonces una demagogia para la que se le habían dado todos los argumentos.La propuesta de la Junta Superior de Archivos no hace otra cosa que restablecer lo que hubiera debido ser la lógica del comportamiento de la Administración cultural. Se propone la creación en la ciudad castellana de un gran archivo, por completo autónomo desde el punto de vista organizativo, que reúna la totalidad de la documentación existente sobre el periodo que en gran parte permanece dispersa. Esta institución, por un lado, tendrá, por tanto, una misión de búsqueda e incorporación de la documentación, y, por otro, se verá acompañada de un Centro de Estudios capaz de realizar una labor de investigación. El nuevo Archivo tendrá a su frente un Patronato destinado a colaborar en su gestión diaria, formado por especialistas conocidos y con participación plural en lo ideológico y en cuanto a procedencias geográficas.

Salamanca, por tanto, albergará en esta institución mucha más documentación sobre la guerra civil española y más importante de la que ha tenido nunca. La información incluida, por ejemplo, en la Causa general, realizada al comienzo de la posguerra, o la de la Junta Técnica de Estado, el organismo que actuó como embrión gubernamental en la zona franquista, es lógico que sea remitida allí, pero es obvio que habrá muchas más incorporaciones que habrán de partir de la iniciativa y el trabajo del Patronato.

Sólo con estas nuevas instituciones en funcionamiento e iniciada la tarea de recuperación documental puede tener sentido dar respuesta a la petición de la Generalitat. Determinado el contenido concreto de la misma y atendiendo al valor no sólo histórico, sino también sentimental de los legajos solicitados, podrá hacerse un depósito en una institución que es el único órgano del Estado que existía en 1936 y sigue existiendo en la actualidad. Esto último hace que no se puedan producir nuevas peticiones en el futuro mientras que la condición de depósito mantiene la titularidad del Estado. Será siempre el Patronato quien resulte responsable en última instancia de esa documentación. Por descontado, una parte de la labor del nuevo Archivo y Centro de Estudios habrá de consistir en lograr microfilmaciones de documentación existente en otros centros españoles y extranjeros, incluida la que se acaba de citar.

Una solución como ésta tiene por fuerza que satisfacer a todos. Salamanca va a tener un gran Archivo, no una sección del Archivo Histórico Nacional, al que va a ser necesario acudir de forma indefectible si se quiere hacer la historia de la guerra, cosa que no sucedía antes. La petición de la Generalitat va a poder ser atendida sin que ello afecte a la integridad de los fondos del archivo y con la seguridad de que esa situación no producirá un revuelo popular como el de hace unos meses.

Javier Tusell es historiador y miembro de la comisión de expertos que ha elaborado el informe.