Madrid responde a la ONU que no autorizo el envio de explosivos a Ruanda

España comunicó a finales de octubre a la comisión de la ONU que investiga el tráfico de armas hacia Ruanda que, "en la documentación que obra en poder de las autoridades españolas, no consta ninguna autorización de transporte de explosivos en las fechas y con las características indicadas". Naciones Unidas se interesó por un B-707 nigeriano que el 24 de mayo de 1994 partió del aeropuerto de Barajas (Madrid) y, tras una escala en Malta, llegó a Goma (Zaire), presuntamente con armas para el entonces Gobierno ruandés de mayoría hutu, que perpetró el genocidio contra los tutsis.La respuesta del Gobierno español, según la Oficina de Información Diplomática (OID), fue remitida antes del 31 de octubre, cuando concluía el plazo dado por la ONU, pero no fue recogida en el último informe de la comisión, fechado el pasado 28 de octubre, en el que se decía que España no había contestado aún a su carta del 22 de agosto.

Según el Gobierno español, el avión partió el 24 de mayo desde Ostende (Bélgica) hacia Lanzarote, donde llegó a las 1-5.30. Allí cargó 31.167 kilos de atún fresco, según el manifiesto de carga, que descargó en el aeropuerto de Madrid-Barajas, al que llegó a las 21.48 de ese día, para abandonarlo a las 23.29. De esta versión se deduciría que el avión salió hacia Malta, donde subió a bordo el coronel Theodoreste Bagosera , uno de los mayores responsables de las matanzas de 1994, sin carga alguna.

Las cuatro organizaciones no gubernamentales que impulsan la campaña por la transparencia en el comercio de armamentos (Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermón y Médicos sin Fronteras) reclamaron ayer "una investigación independiente y exhaustiva" sobre este caso. Igualmente, pidieron que se hagan públicas todas las exportaciones de armas españolas a la región de los Grandes Lagos durante los últimos cinco años.

El portavoz del Grupo Catalán en la Comisión de Defensa del Congreso, Joan Miquel Nadal, pidió ayer la comparecencia del ministro de Defensa, Eduardo Serra, para que dé explicaciones sobre este caso. El propio ministro estimó que el asunto "se resolverá en 24 ó 48 horas", aunque reconoció que "debe estudiarse en profundidad".