Sanidad ampliará por decreto los acuerdos del Insalud con hospitales privados

El ministro de Sanidad, José Manuel Romay, elabora decretos al tiempo que busca "el máximo consenso" para la reforma sanitaria. El último, que anunció ayer, pretende "simplificar y modernizar" los conciertos con entidades privadas, "como fórmula complementaria o alternativa de prestar los servicios sanitarios públicos (cirugía, transporte, diálisis ... ). Los empresarios quieren más; ser gestores además de prestadores. Propugnan para la sanidad la misma competencia que en petróleos o telecomunicaciones, según el consejero delegado de Sanitas, John de Zulueta.

El Insalud invertirá el próximo año en conciertos con el sector privado 129.000 millones de pesetas, un 8,76% más que en 1996. Y no se trata de revisar precios, sino de contratar más, como dijo ayer el ministro José Manuel Romay en unas jornadas organizadas por la aseguradora privada Sanitas y la compañía farmacéutica Smithkline Beecham.Para ello, el ministerio está trabajando "en una nueva política de relaciones con el sector sanitario privado que sustituya a la normativa actual", dijo el ministro. "Es necesario simplificar la tramitación jurídica y administrativa de los conciertos para dotarles de una mayor agilidad y capacidad de respuesta ante las necesidades asistenciales", añadió. Esto significa, entre otras cosas, mucha más contratación directa, sin concurso público, como ya prevé la modificación que se hizo en la ley de acompañamiento de los presupuestos.

El real decreto en elaboración simplifica de 21 situaciones a cuatro la clasificación de los centros y empresas privadas, según sus características cualitativas y cuantitativas y a efectos de concertar, según consta en un texto ministerial.

El decreto prevé también el "desarrollo del concierto como fórmula de implantación de las nuevas modalidades de gestión", contenidas a su vez en el real decreto del pasado mes de julio sobre nuevas formas de gestión del Insalud. En este sentido está previsto fomentar "alianzas estratégicas" con entidades privadas en programas "de interés general" como los bancos de sangre, de tejidos, Cruz Roja y ONG.

Antes de avanzar sus proyectos, el ministro Romay explicó en su intervención que la protección de la salud de los españoles es "una cuestión de Estado", e insistió en que "la voluntad del Gobierno y del Partido Popular es lograr que las reformas que necesita el sistema [sanitario] cuenten con el máximo consenso posible".

Los resultados de esta ponencia parlamentaria "serán básicos para dotar al sistema de la financiación precisa y de un modelo de organización y gestión eficaz", agregó Romay. Con respecto a la gestión, el ministerio está tomando algunas otras iniciativas, como lo que denominó Romay "asistencia gestionada", y que consiste en "alentar a los médicos y al personal de enfermería a elegir la forma de tratamiento más económica, dentro de los modelos de calidad".

La filosofía de los actuales proyectos ministeriales es la de separar los órganos que financian de los que prestan los servicios, propiciar la competencia entre hospitales y dar capacidad de elección al ciudadano. Las reformas emprendidas en este sentido, "Facilitan un mayor control por parte de los usuarios del sistema", aseguró el ministro.

Sin embargo, en los presupuestos para 1997 no figuran con claridad las partidas destinadas a financiar los nuevos hospitales del Insalud en Alcorcón y Manacor, según estas fórmulas organizativas, al igual que no se exige el requisito de publicidad para las subvenciones con las que está previsto financiarlos.

En la misma línea de las reformas previstas para el Insalud, -y que ya se desarrolla en cataluña y Galicia- el Gobierno vasco dio ayer luz verde al proyecto de Ley de Ordenación Sanitaria que reorganizará las competencias y el régimen jurídico de Osakidetza, el servicio vasco de salud. La nueva normativa convierte a Osakidetza en un ente público acogido al derecho privado, que agilizará la gestión empresarial de los presupuestos y la gestión interna. Tras la aprobación, el departamento de Sanidad recupera todas las competencias de planificación y financiación y deja en manos de Osakidetza únicamente la provisión de los servicios sanitarios.

"Exigencia privada"

El nuevo modelo de gestión intenta utilizar "la exigencia empresarial privada" al tiempo que mantiene las garantías de las entidades públicas en las contrataciones y en el régimen de personal, según precisaron fuentes del departamento. Además, Osakidetza seguirá sometido al control del Tribunal Vasco de Cuentas.La asistencia sanitaria en los centros públicos (el 96 % del total) se desarrollará mediante contratos programa. En el caso de los privados, no se varía la fórmula de conciertos vigente conforme a la ley de contratos del Estado. El consejero de Sanidad, el peneuvista IÑaki Azkuna, subrayó que se trata de una ley de marcada "vocación pública", que no supone peligro de privatización.

La entrada en vigor de la ley adelantará la edad de jubilación de los 70 a los 65 años para el personal que trabaja en Osakidetza. La estructura de personal quedará sensiblemente simplificada al aunar a los funcionarios y a los trabajadores contratados en un sólo régimen, regulado por un estatuto propio de función pública.