La Cámara de Diputados entierra la Via legal en Chile para castigar a los asesinos del español Carmelo Soria

Por 73 votos en contra y 32 a favor, la Cámara de Diputados chilena rechazó en la noche del martes (madrugada del miércoles en España) la acusación constitucional por "notable abandono de deberes" presentada contra los cuatro jueces de la Corte Suprema que aplicaron la amnistía en el caso Soria. Con esta decisión se entierra la última vía legal para poder castigar a los asesinos del español Canuelo Soria, muerto en 1976 a manos de agentes de la policía secreta del régimen militar. Ahora tan sólo queda la posibilidad de recurrir a instancias internacionales o que el Gobierno de Chile alcance un pacto con la familia Soria que sirva para resarcirle moral y económicamente la muerte del funcionario intemacional. Esta vía negociadora está en marcha desde hace semanas, según confirmó el ministro español de Exteriores, Abel Matutes.Los diputados, de la derecha, la gran mayoría de los democristianos y un izquierdista, impidieron que prosperará la acusación contra los jueces que amnistiaron a los acusados por el asesinato de Soria. A favor de acusar a los magistrados sólo se pronunciaron los parlamentarios socialistas, del Partido por la Democracia y tres democristianos. De haber logrado la acusación constitucional, la sentencia del Supremo hubiera quedado en suspenso.

El socialista Jaime Naranjo indicó que los jueces estaban consagrando la impunidad en un crimen de una persona protegida internacionalmente por ser funcionario de la ONU. Teodoro Rivera, del derechista Renovación Nacional; sostuvo que sólo habría abandono de deberes de los jueces si Soria fuera funcionario internacional, pero el Ministerio de Exteriores, según él, no certificó adecuadamente esa condición. Los democristianos fundamentaron su rechazo a la acusación en que, a pesar de estar en desacuerdo con la ley de amnistía, reconocen que la Corte "aplicó una ley vigente".

Carmen Soria, que estaba en las tribunas junto con representantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, calificó como "una vergüenza que, la democracia cristiana esté unida con la derecha".

El presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona, sostuvo que el rechazo a la acusación deja en evidencia que existe "un poder que escapa incluso al control de la autoridad civil, que impone un verdadero veto a la sociedad, y que no permite acceder a la justicia ni consolidar la democracia".