El futuro de 250.000 jornaleros

El futuro de casi 250.000 jornaleros, de Andalucía, y Extremadura principalmente, se empieza a discutir esta semana. Hasta el día 30, Gobierno, sindicatos mayoritarios y patronal negociarán uno de los mecanismos de protección social y laboral más complejos y a la vez más conflictivos: El Plan de Empleo Rural (PER) y el subsidio agrario.Los sindicatos abrirán la carpeta de demandas exigiendo para los dos programas más de 150.000 millones y una reforma a fondo del sistema de la Seguridad Social que permita a los trabajadores agrícolas optar por el régimen especial agrario o el general. El Gobierno quiere congelar los fondos para prestaciones, mientras la patronal pide desvincular PER y subsidio.

Todos coinciden, sin embargo, en que es necesario mantener los dos sistemas de protección. Hoy ninguna propuesta es innegociable, aunque la amenaza de movilizaciones estará sobre la mesa hasta el final.

Lo que está en cuestión no es sólo un mecanismo de ayuda al desempleo en las regiones con más paro en el campo, que en el caso de Andalucía llegó al 44,5% el último año de sequía, frente al 33,96% (10 puntos más que en resto de' España) en el conjunto de sectores, según la Encuesta de Población Activa.

El PER, programa por el que se liberan más de 20.000 millones anuales para realizar obras de infraestructura básica en comunidades rurales, ha permitido, según reconoce Trabajo, no sólo a 127.000 jornaleros completar en estas actuaciones las 40 peonadas necesarias hasta ahora para acceder al subsidio, sino dotar a los pueblos de equipamientos fundamentales, evitar la emigración y reactivar la economía de las localidades beneficiadas.

Por su parte, el subsidio, ayuda económica directa a los desempleados agrarios que han completado las mencionadas peonadas (en el campo o con ayuda del PER) y tienen una renta inferior a dos veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ha mantenido los niveles de protección en la media nacional.

El coste del sistema

Además, según el dictamen parlameritario aprobado por unanimidad, el sistema no es tan caro. Tomando como referencia 1993, antes de la aprobación de medidas extraordinarias por la sequía, cada parado del campo andaluz supuso un coste de 760.733 pesetas, mientras cada desempleado en el resto de España representó para el Estado un gasto de 863.439 pesetas.Estos datos, que avalan el acuerdo inicial de permanencia de los dos sistemas, no garantizan sin embargo un rápido final de las negociaciones. Los sindicatos, además de las siempre "no descartadas movilizaciones", saben que el PER y el subsidio agrario son un pilar electo ral clave en Andalucía, donde el PP perdió las últimas elecciones. "En la única mesa donde se sienta Arenas [refiriéndose al ministro de Trabajó, Javier Arenas] es en la del PER". Y eso es "por que tiene que volver", comenta el secretario general de la Federación del Campo de CC OO en Andalucía, Miguel Ruiz, uno de los negociadores.

La tabla de reivindicaciones de CC OO y UGT empieza por el incremento de la partida para subsidios de los 121.765 millones del pasado año a 126.000 como mínimo. El incremento demandado se justifica en el aumento. del IPC y por los costes generados por las propuestas de modificación del acceso al subsidio.

En este apartado piden que el subsidio percibido sea el total del SMI y no el 75% actual (252.000 pesetas en seis meses); que los fijos discontinuos del campo tengan acceso a este programa; y que los mayores de 52 años reciban un año completo sin necesidad de acreditar jornadas, lo que supondría la creación de un mecanismo de jubilación anticipada. El Gobierno va a pedir a los trabajadores del campo el mismo esfuerzo que al resto de sectores para no incrementar estas partidas.

Respecto a las peonadas minimas, los sindicatos piden reducir la exigencia a un mínimo de 20, pero mantener este requisito como fórmula de control para que ningún trabajador no agrícola se incorpore al sistema. Ésta es la principal discrepancia con el Sindicato de Obreros del Campo (SOC), que no participa en las negociaciones directas y que demanda la supresión de esta exigencia porque, en su opinión, genera corrupción al propiciar la compra de firma de peonadas que no se han realizado.

Miguel Ruiz cree que el remedio sería peor que la enfermedad. Según el dirigente sindical, el último año contabilizado, las infracciones fueron 2.827 entre 120.000 trabajadores. Los sindicatos mayoritarios, y también la patronal, piden que se cree un censo agrario completo, que incluya la capacidad de producción de comarcas y permita identificar sin dudas a los trabajadores agrícolas y las peonadas reales realizables.

En este aspecto hay coincidencia con el Ejecutivo. El director general de Empleo, Manuel Pimentel, también partidario de mantener las peonadas, aseguró que hay que desmitifícar el PER como sistema fraudulento, aunque siempre habrá que intensificar los controles.