Del campo a la economía sumergida

Una de las principales reivindicaciones sindicales es que el trabajador agrícola pueda elegir entre el sistema general de Seguridad Social o el especial agrario. Hasta ahora, la adscripción de agricultores al sistema específico propicia que cuando un bracero cumple los requisitos para acceder al subsidio, deja el campo o se somete a la economía sumergida para no superar oficialmente la renta máxima exigida. Además, un jornalero con un año, trabajado recibe como máximo el 75% del SMI durante seis meses, mientras un empleado de otro sector percibe el 70% del salario bruto durante cuatro meses, es decir, un 12% más de media.El secretario general de Empleo, Manuel Pimentel, y la patronal coinciden con los sindicatos en que hay que establecer un mecanismo que evite que un jornalero tenga que dejar el trabajo. Pero el Gobierno descartó la equiparación del régimen agrario al general por dificultades presupuestarias.

Respecto al PER, los sindicatos demandan 25.000 millones de pesetas a distribuir principalmente entre los pueblos con más parados y en un 15% para programas de empleo estable.

Estas demandas se complementan con la creación de unidades de seguimiento y control de los programas de obras. La diferencia de fondos respecto a la propuesta del Gobierno es de 6.500 millones. Entre los planes complementarios, piden 7.000 millones para casas de oficio y otros tantos por catástrofes naturales.

Según los sindicatos, los efectos del fin de la sequía no se percibirán hasta las campañas de 1997 y además, se han registrado el último año inundaciones y heladas en cultivos de gran importancia para la generación de jornales. Pimentel se mostró dispuesto a estudiar todas las posibilidades en estos aspectos.

La patronal es la más ambigua en sus demandas puesto que el único acuerdo adoptado sólo habla de "despolitización y desindicalización del PER", pero elude entrar en definir las cuantías económicas de los programas.

Entre las exigencias más significativas está la de desvincular el PER al subsidio, eliminando la posibilidad de hacer peonadas en obras rurales que complementen las obtenidas- en el campo. También demandan un censo completo, el control de emigración en la frontera entre Extremadura y Andalucía y exenciones Fiscales a los empresarios agrícolas en casos de catástrofe natural.