Gobierno y ONG

RACIONALIZAR LA ayuda española al desarrollo parece razonable. Especialmente cuando en pocos años -en 1981 éramos un país aún oficialmente considerado como receptor de ayuda exterior- se ha pasado de cero a mover grandes sumas de dinero, aunque sean aún insuficientes. Pero habrá que cuidar que la reestructuración no quiebre una dinámica que contribuye a reforzar la sociedad civil en un país tan necesitado de ello. Racionalizar no puede tampoco significar incumplir unos compromisos aprobados por la práctica unanimidad del Parlamento en 1992 y reiterados muchas veces después y en todos los programas de la pasada campaña electoral para llegar gradualmente a una ayuda oficial al desarrollo del 0,7% del PIB en el año 2000.En contra de este compromiso, el Gobierno -según anunció el secretario de Estado de Cooperación Internacional- se propone reducir el conjunto del presupuesto de la cooperación entre un 5% y un 10%. Esto no significa necesariamente recortar las subvenciones a las organizaciones no gubernamentales (ONG) por parte de Asuntos Exteriores. En tiempos de recortes presupuestarios, la ayuda al desarrollo es candidata de primera fila a la poda. Se sabía. Por ello no se tenían que haber prometido imposibles.

La racionalización que introduce ahora el Gobierno a través de la orden ministerial publicada ayer en el BOE pretende que las actividades de las ONG en el exterior se nutran como máximo de un 80% de fondos públicos (el anterior límite del 80% se refería sólo a la aportación de Asuntos Exteriores) y reducir las subvenciones dedicadas a los gastos administrativos de estos proyectos. A la vez, se busca un mayor control sobre estas organizaciones -auditorías externas, cumplimiento de contratos, etcétera- y se establece un periodo de prueba de cinco años para las nuevas entidades antes de poder licitar a las subvenciones.

Es éste un sector poco regulado por definición, pero que bien merece un mayor control y seguimiento para evitar que las ONG sirvan de tapadera para otras actividades y que algunas sudan sin más objetivo que financiar a sus cuadros. En otros países se exige un mínimo de afiliados con contribuciones regulares. Aquí falta el siempre aplazado registro de ONG. El Gobierno se propone reducir drásticamente el número de ONG a las que se va a subvencionar con el fin de ir a unas organizaciones grandes. Tal estrategia no garantiza nada, pues tantas irregularidades o más puede haber en asociaciones grandes, como se demostró en el caso de una muy particular como es la Cruz Roja.

En España está aún pendiente la aprobación de una ley de la cooperación exterior que permita poner orden en esta actividad. Merece un debate parlamentario en profundidad, y debe complementar la ley del voluntariado aprobada por unanimidad en el último pleno de la anterior legislatura. Falta también diseñar un sistema de incentivos fiscales para donaciones a esta ayuda y reducir su dependencia de las arcas públicas. El Estado no debe ser neutro ante este movimiento. Pero tampoco debe dirigirlo. Menos aún con intenciones políticas. Por eso hay que vigilar que ciertos amiguismos no sean sustituidos por otros. Tampoco debería aprovecharse Exteriores de la debilidad de un departamento de Comercio que ha perdido su rango ministerial para imponer su parecer en un campo que rebasa a la diplomacia.