Clinton nombrará un embajador especial para forjar una coalición internacional contra Castro.

El Gobierno de Estados Unidos está tratando de construir una coalición internacional para presionar al régimen de Cuba a efectuar cambios democráticos. Con ese fin, en los próximos días, el presidente Bill Clinton nombrará un embajador especial que servirá de puente con la Unión Europea, Canadá y países latinoamericanos con intereses en Cuba. De esta manera, la Casa Blanca trata de compensar su decisión de suspender temporalmente la entrada en vigor de los apartados más duros de la ley Helms-Burton, a la que se oponen los aliados de Estados Unidos.

Un alto funcionario de la Administración dijo ayer, hablando . condición de no ser identificado que varios Gobiernos europeos le habían transmitido en privado su disposición a actuar de forma más enérgica contra Fidel Castro, en coordinación con Washington, a cambio de que no se aplique la ley Helms-Burton. "En los próximos seis meses vamos a intentar crear un programa en favor de la democracia en Cuba mucho más amplio y serio de lo que existe hasta ahora", declaró la citada fuente.El portavoz de la Casa Blanca, Michael McCurry, mencionó ayer, por su parte, que el presidente estaba satisfecho de la reacción encontrada en otros países a su decisión de suspender por seis meses la posibilidad de presentar demandas en Estados Unidos contra ciudadanos extranjeros que hagan negocios en Cuba.

"Ha habido algunos comentarios", dijo McCurry, "que indican que debe haber una reconsideración de la presión que se ejerce sobre Cuba. Estados Unidos aprecia eso y trabajará con el propósito de cambiar Cuba para mejor". Esa misión le será encargada, según anunció Peter Tarnoff, vicesecretario de Estado para Asuntos Políticos, a un embajador especial. Tarnoff no adelantó el nombre de la persona elegida, pero aseguró que se tratará de alguien "con estatura y credibilidad, tanto en EE UU como internacionalmente".

Peter Tarnoff manifestó que ese embajador procurará "una mayor cooperación de los aliados para aumentar la presión sobre Cuba". "Por ejemplo", añadió, "podemos anticipar un mayor apoyo para conseguir resoluciones contra Cuba en las Naciones Unidas y en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU". El vicesecretario de Estado aseguró que la suspensión temporal de la aplicación del Título Tercero de la ley Helms-Burton, el que da derecho a la presentación de enmiendas, no supone una ventaja para Fidel Castro. "El propósito del Título Tercero y de la ley Helms-Burton es promover la democracia en Cuba, y creemos que eso lo cumplirnos mejor añadiendo el respaldo de nuestros aliados que actuando solos. Eso es lo que vamos a intentar en los próximos seis meses".

Nuevo frente

Mientras el Gobierno norteamericano cerraba temporalmente ese foco de conflicto con Europa, el Senado abría en la madrugada de ayer otro campo de potenciales desavenencias: el de las sanciones a Irán y Libia. La Cámara alta del Congreso norteamericano aprobó la versión más dura de la ley sobre el embargo económico a esas dos naciones; una ley que, de pasar los obstáculos parlamentarios que todavía le restan, permitiría sanciones contra las empresas europeas que invierten en Irán y Libia, como las españolas Repsol y Enagás, muy activas en el sector energético de este último país.

La ley, patrocinada por los senadores Edward Kennedy y Alfonse D'Amato, exige represalias contra todas las compañías que tengan inversiones superiores a los 40 millones de dólares (unos 5.200 millones de pesetas) en los sectores del petróleo y el gas o en el desarrollo de armas biológicas, químicas o nucleares en Libia o Irán.

Una anterior versión de la Cámara de Representantes había excluido a Libia de la mayoría de esas sanciones con el propósito de no perjudicar los negocios europeos en ese país, pero el Senado ha vuelto a incluirlo. "Las compañías extranjeras que negocian con terroristas no deben esperar subsidios de Estados Unidos para ayudar a producir petróleo en Libia", manifestó el senador Kennedy.

Entre las sanciones previstas por la ley están: la prohibición de realizar negocios en Estados Unidos, la prohibición de adquirir bienes o equipos que requieren licencia de exportación norteamericana y la prohibición de recibir créditos superiores a los 10 millones de dólares de instituciones financieras norteamericanas. Las compañías afectadas serían castigadas, al menos, con dos de esas sanciones en el caso de que la ley entre finalmente en vigor. Para ello es necesario previamente que las dos Cámaras del Congreso se pongan de acuerdo sobre un texto que concilie las dos versiones actuales. Posteriormente, los congresistas tendrán que negociar el contenido de la ley con la Casa Blanca para evitar un veto presidencial.