El Gobierno rechazará la 'deuda histórica' de las autonomías con el nuevo sistema de financiación
El Gobierno pretende hacer borrón y cuenta nueva con la entrada en vigor del nuevo sistema de financiación autonómica. El Ejecutivo rechazará con su aplicación, a partir de 1997, reivindicaciones como la deuda histórica, procedentes de Andalucía y Extremadura, cifradas en 25.000 millones y 5.000 millones, respectivamente, y que considera una "mala herencia" de la etapa socialista. Su pretensión es que la cesión del 30% del IRPF y la capacidad normativa responsabilice a las comunidades de su gestión y desaparezca la política de subvenciones extraordinarias.
Esta decisión se encuadra dentro de los criterios que sobre política autonómica mantiene el Ejecutivo.El Gobierno afronta ahora un doble reto: la negociación presupuestaria y la del nuevo sistema de financiación autonómica. Ambas negociaciones tienen como plazo el próximo 30 de septiembre. El Ejecutivo ya ha finalizado la primera ronda de conversaciones sobre el nuevo sistema de financiación autonómica con los consejeros de Hacienda de las comunidades, tras la reunión que los secretarios de Hacienda, Juan Costa, y de Administración Territorial, Jorge Fernández, mantuvieron ayer con los consejeros de Canarias y Castilla La Mancha.
El Ejecutivo que dirige José María Aznar tiene ahora por delante un proceso complica do de negociación por la dificultad de aunar los intereses de las 17 comunidades y por disponer de un plazo de tiempo limitado.
El Gobierno del PP pretende pactar el nuevo sistema, pero, si no hay acuerdo, lo impondrá por mayoría en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En sus conversaciones con los representantes de las comunidades autónomas ha mantenido los criterios pactados con Convergència i Unió (CiU) en el pasado mes de abril: cesión del 30% del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF), con topes mínimos, con capacidad normativa en la medida que las comunidades asuman todas las competencias básicas. En el caso de las comunidades de vía lenta (aquellas cuyo Estatuto de Autonomía está regulado en el artículo 143 de la Constitución), estas transferencias no se completarán hasta 1998.
Su capacidad de maniobra con las regiones no afectadas por el pacto, esto es, las tres gobernadas por los socialistas -Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura-, y las más reticentes, se está limitando a la nivelación de servicios y a los criterios de la participación de las comunidades en los ingresos del Estado (PIE).
Costa y Fernández han manifestado a los representantes socialistas de Andalucía y Castilla La Mancha su intención de negociar un acuerdo de integración en el nuevo sistema, que Extremadura rechaza de antemano. El acuerdo no es fácil. Andalucía ha puesto sobre la mesa la reclamación de la cesión de los impuestos especiales que el Gobierno va a concertar con el País Vasco, según los pactos de abril entre el PP y PNV.
Pero el Gobierno del Partido Popular no parece dispuesto a generalizar esta concesión en la medida que el País Vasco dispone de un régimen económico especial, reconocido por la Constitución y por la tradición foral vasca.
El Ejecutivo trata ahora de aunar las posiciones de las comunidades menos ricas, incluidas las socialistas, con el mantenimiento de los actuales criterios de participación en los ingresos del Estado ante el desafío que han lanzado las autonomías del arco mediterráneo -Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares- de que se varíen los criterios a favor de la población. La diferencia es de un 95% a un 65% del PIE, según las fuentes consultadas.
