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Gobiernos autónomos rechazan el decreto que amplía la apertura de farmacias

Andalucía y Extremadura preparan un recurso de inconstitucionalidad de la norma

El paquete de medidas urgentes tomadas por el ministro de Sanidad, José Manuel Romay, sigue levantando ampollas. Ayer, las consejerías de Sanidad de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, gobernadas las tres por el PSOE, y de Cataluña, en manos de CiU, expresaron su rechazo al decreto-ley que liberaliza la apertura de farmacias, publicado el pasado martes en el BOE, por considerar que invade sus competencias. Los consejeros de Sanidad de Extremadura y Andalucía avanzaron que están estudiando presentar un recurso por inconstitucionalidad.

La oleada de protestas se produjo en Madrid durante las VI Jornadas Profesionales de Especialidades Farmacéuticas Publicitarias y Parafarmacia. Uno de los organizadores del encuentro resumió la sesión así: "Son los problemas de gobernar por decreto". Una farmacéutica que asistió al acto añadió: "Es alucinante que el futuro de una profesión esté pendiente de enfrentamientos politicos".La clave radica en que Cataluña, País Vasco, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía y Canarias, o bien disponen ya de normas de regulación del sector farmacéutico o están inmersas en su elaboración. El decreto ha irrumpido como una tormenta en sus competencias.

El consejero de Sanidad de Andalucía, José Luis García de Arboleya, hizo este análisis del decreto: "Sólo se preocupa por fijar el máximo de oficinas de farmacia, en vez de asegurar unos mínimos. Si aplicáramos el decreto en Andalucía, tendríamos que cerrar un 26% de las farmacias. El problema es de contenido y continente. No se puede recurrir a la vía de urde un decreto-ley para una legislación básica. Es inconstitucional. Invade competencias autónomicas y le quita todo el sentido al, Consejo Interterritorial de Sanidad".

Imponer lo catalán

Guillermo Fernández, consejero de Sanidad de Extremadura indicó: "El decreto, apresurado, supone una imposición. No nos deja capacidad de regulación. Nos encorseta. Es muy confuso. Mezcla conceptos geográficos y sanitarios. Genera el tremendo absurdo de que, por ejemplo, en nuestra región sobrarían, aplicando este decreto, 50 farmacias. Va a conseguir el efecto contrario al que persigue: darle más poder a los colegios profésionales y una absoluta descoordinación entre: comunidades autónomas". Y terminó: "Lo único que hace el. decreto es copiar el sistema catalán y tratar de imponérnoslo a todos. Los servicios jurídicos de la Junta están trabajando ya sobre la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad".Y José Pablo Sabrido, secretario general técnico de la Consejería de Salud de Castilla-La Mancha, dijo: "Es un real decreto preconstitucional y anterior a la Ley General de Sanidad, que permite prácticas abusivas y ha creado malestar entre los profesionales. Además, el decreto, que surge del desconcocimiento, confunde conceptos y se equivoca de procedimiento. Se tramita como un decreto lo que debiera ser una ley básica. Además, se presenta como una solución, cuando en realidad apenas supone la apertura de más oficinas. Con este decreto, en Toledo, por ejemplo, con 510.000 habitantes, sólo se abririrían cuatro oficinas más. Con nuestra ley se abrirán 250 más en la región. Es un freno a las legislaciones autónomas mucho más aperturistas".

Cataluña también se sumó a la crítica. Eugeni Sedano, jefe de la División Farmacéutica de' la Generalitat, señaló: "La planificación de oficinas de farmacias ya estaba contemplada en la Ley del Medicamento y en la Ley General de Sanidad. Este decreto incide sobre las competencias de ordenación farmacéutica, exclusivas de la Generalitat. Hay que mejorarlo en el Parlamento para evitar la intromisión de competencias". Se refería así el representante catalán a la necesaria convalidación del decreto-ley que debe hacer el Parlamento, prevista para la próxima semana. Todo indica que CiU introducirá cambios.

Sin embargo, fuentes del departamento de Sanidad del Gobierno Vasco mostraron. ayer su confianza en que "el espíritu del ministerio sea respetuoso con el derecho a disponer de una regulación propia en materia farmaceútica", informa Eva Larrrauri.

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