Rato informa a los sindicatos que el gasto público sólo crecerá lo mismo que el IPC en 1997

El encuentro mantenido ayer entre el Gobierno y los sindicatos sirvió, una vez más, para que el Ejecutivo despejase algunas inquietudes sembradas por miembros de la Administración o asesores del PP. El Gobierno no se plantea elaborar un IPC especial para pensionistas y renueva su compromiso de mantener el poder adquisitivo de las pensiones. El vicepresidente segundo, Rodrigo Rato, y el ministro de Trabajo, Javier Arenas, informaron a los líderes de CC OO y UGT, Antonio Gutiérrez y Cándido Méndez, que los presupuestos para 1997 serán "restrictivos" y el gasto público tendrá un crecimiento del 2,6% -igual que el IPC- es decir, un crecimiento cero en términos reales.

Rato y Arenas mantuvieron ayer un encuentro de hora y media con Méndez y Gutiérrez. En principio, la reunión había sido convocada para que los miembros del Gobierno informasen a los sindicalistas sobre las principales líneas de los presupuestos del próximo año. Pero, dado que están poco avanzadas, acordaron un nuevo encuentro con ese fin para mediados del mes de julio. Ayer Rato tan sólo adelantó que el objetivo de inflación será del 2,6% y les transmitió la "certeza" de que el gasto en pensiones recogerá el mantenimiento del poder adquisitivo, más la incorporación de nuevos pensionistas y el efecto sustitución de las nuevas pensiones -más altas- por las que causan baja.En este punto Gutiérrez y Méndez preguntaron si respaldan "algunas insinuaciones sobre lecturas extrañas de la revalorización de pensiones y sobre un IPC diferente para los jubilados" realizadas, entre otros, por José Barea, director de la Oficina Presupuestaria. Rato y Arenas descartaron esa posibilidad.

El grueso del debate entre los ministros y los sindicalistas se circunscribió al paquete de medidas aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros. Y, de nuevo, las discrepancias se volvieron a manifestar. Antonio Gutiérrez fue categórico: "Las medidas no sirven para el objetivo de crear empleo ni contribuyen a mejorar el clima de diálogo. Favorecen a los ricos, siembran in quietud entre los más necesita dos y suponen una merma de los ingresos fiscales". Según Cándido Méndez, "hay que tener la fe del rentista para cree que van a generar empleo y a relanzar la economía". Los dos dirigentes sindicales mostraron su disconformidad con este tipo de reuniones que generan "mucho ruido" y sólo sirven "para hacer la foto".

El ministro de Trabajo dio una impresión diferente del encuentro y aseguró que la valoración del Gobierno sobre su desarrollo es "positiva, con un clima de corrección". También subrayó que algunas medidas han sido acogidas con beneplácito por los sindicatos como los incentivos a la contratación fija de trabajadores mayores de 45 años.

Arenas afirmó, asimismo, que es "compatible la discrepancia con el mantenimiento del diálogo" e informó que los sindicatos enviarán al Gobierno en los próximos días algunas peticiones que pueden ser tenidas en cuenta cuando los decretos-ley que contienen el citado paquete de medidas se, convaliden como proyectos de, ley en el Parlamento.

El peliagudo debate sobre una posible reforma de las prestaciones sociales, eludido en el encuentro de los sindicatos con el Gobierno, fue tratado por la mañana por el secretario de Estado de Economía, Cristóbal Montoro, quien reconoció la necesidad de plantear esta cuestión con "serenidad y prudencia", informa Victoria Carvajal. En unas jornadas sobre la convergencia de España hacia la unión monetaria, Montoro se mostró partidario de introducir reformas en el gasto social siempre "éstas no atenten contra los derechos básicos de los perceptores, como por ejemplo los de los pensionístas". Reconoció que el margen de acción para reducir el déficit vía recortes en la inversión pública y los gastos corrientes es limitado. "En lo que respecta a las pensiones tenemos el Pacto de Toledo, que involucra a todas las fuerzas políticas y que pretende garantizar el mantenimiento de las pensiones a través de la reforma del gasto social", declaró. "Hay que modernizar la gestión de servicios públicos y corregir los elementos perturbadores de algunas prestaciones sociales", añadió, sin especificar cuáles.

El Instituto de Estudios Económicos contribuyó ayer a agitar el debate, pero en este caso sobre el abaratamiento del despido. El. director de su servicio de estudios, Juan Iranzo, abogó por definir por ley cuáles son las razones del despido procedente".