Rechazo general del empresariado español a la suspensión de la cooperación con Cuba

La nueva política de José María Aznar hacia Cuba hace agua incluso antes de comenzar a aplicarse. Nada más conocerse la decisión del nuevo Gobierno de suspender toda cooperación oficial con las autoridades de La Habana, con excepción de la ayuda humanitaria, los empresarios españoles y los representantes de las Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en la isla han expresado su rechazo a la medida y su preocupación por una postura que califican de "torpe" e 'irresponsable" e 'inaplicable". La mayoría opina que la línea de Aznar supone someterse a la estrategia de presión que promueve Estados Unidos e hipotecar el papel que España puede jugar en Cuba en el futuro.

La política del PP hacía Cuba está llena de incongruencias y plantea numerosas incógnitas: ¿cómo piensa suspender Aznar una colaboración oficial que en la actualidad prácticamente no existe?, ¿cómo va a conjugar este propósito con su promesa de no perjudicar al pueblo cubano ni los intereses de los españoles en la isla?, ¿qué entiende el PP por cooperación gubernamental con el régimen de Fidel Castro?...Sólo existen dos tipos de cooperación oficial entre España y Cuba, la económico-industrial y la cientifico- técnica y cultura. Para impulsar la primera, el Gobierno cuenta con dos instrumentos principales: los créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), que aprueba el Consejo de Ministros, y los créditos de la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación (CESCE).

En el decenio de los 80, España aprobó importantes FAD para financiar diferentes programas cubanos como el proyecto de creación de una industria automotriz nacional, que dirigió hasta su muerte el industrial gallego Eduardo Barreiros. A raíz de la crisis de las embajadas de 1990, el flujo de FADs hacia Cuba cesó y las relaciones quedaron reducidas a la cooperación científica y cultural, entonces también suspendida temporalmente.

Los créditos de CESCE sirven al Gobierno para impulsar las exportaciones y a los comerciantes para limitar sus riesgos. En la actualidad, el techo de cobertura de este seguro es de unos 8.500 millones anuales, en las operaciones a corto plazo, mientras que la cobertura con garantía de azúcar asciende a 7.500 millones, cantidades ya de por sí consideradas insuficientes por los empresarios españoles.

"El PP no puede recortar los FAD porque casi no existen y tampoco puede limitar más los seguros de CESCE porque ya son bajos", asegura Alejandro Vélez, representante en Cuba de la firma SAIDI, que en 1995 exportó a la isla productos por valor de 1.200 millones, de los cuales únicamente 250 estuvieron cubiertos por CESCE. "Si hace eso", advierte, "golpeará a los empresarios españoles y frenará las exportaciones. Sería como echarse piedras sobre el propio tejado".

SAIDI es una de las 200 empresas españolas que hoy tienen relaciones estables con Cuba y que, en conjunto, exportaron en 1995 a la isla alrededor de 50.000 millones, un 45% más que en 1994.

Otra es WILMA, exportadora de alimentos secos y congelados, que en 1995 vendió 750 millones sin cobertura ninguna de CESCE. Según Víctor Moro, su presidente, "casi todos los españoles que venden en Cuba llevan a cabo sus operaciones a pecho descubierto": "Ni contábamos antes con el apoyo del Gobierno ni contamos con él ahora".

Los inversionistas españoles, como Sol-Meliá, Tryp y otros grupos, que en total tienen invertidos unos 10.000 millones, también están en la isla por su cuenta y riesgo. "A los que ya estamos aquí lo que haga el nuevo Gobierno no puede perjudicarnos mucho. Pero este clima de enrarecimiento, que se une a las presiones de la ley Helms, sí puede desincentivar a los nuevos empresarios que estén pensando invertir en Cuba", opina uno de sus ejecutivos.

Para Jordi Escarrá, que lleva ocho años en Cuba, "es lamentable que España se alíe con Estados Unidos para presionar a Cuba, más cuando Francia y otros países europeos están apoyando a sus empresarios". "En vez de defender nuestros intereses", comenta, "crea, con su torpeza e irresponsabilidad, una tensión que perjudica un mercado que hemos trabajado durante años y en el que nada podremos hacer cuando se levante el bloqueo".

Pero las críticas de los empresarios no son las únicas. Los representantes de las ONG se preguntan qué es para el PP "ayuda humanitaria" y cómo reducirá la cooperación científica y cultural sin afectar al pueblo cubano. Esta colaboración, a través del Instituto de Cooperación Internacional (ICI), ya es muy pequeña.

Por otro lado, la Secretaría de Estado para la Cooperación financia este año programas de ayuda humanitaria, por 500 millones, que ejecutan varias ONG. "¿Qué va a suprimir el PP? ¿Becas para que se formen en España profesores y estudiantes cubanos? ¿Dinero para reparar un acueducto del que se beneficia toda la población?", se pregunta Armando Jaular, de Médicos sin Fronteras.

Jaular realiza en Cuba un programa de tratamiento de aguas financiado por la UE y piensa que "el argumento de que lo único que beneficia al pueblo cubano es la ayuda humanitaria y que no se debe trabajar con las instituciones oficiales no es válido. "Si Cuba tiene una buena infraestructura y gente bien preparada, es absurdo no colaborar y emplear estos recursos, más cuando lo hacen bien", dice.

Igual piensa Ariel Français, coordinador en Cuba del sistema de Naciones Unidas y representante del PNUD. Según el, si en América por cada dólar de cooperación sólo llegan a la población 40 centavos, en Cuba son 90. La ayuda humanitaria es temporal y supletoria", indica; aquí no estamos en Ruanda: hay instituciones y redes que permiten trabajar de forma eficiente y, por ello, la prioridad debe ser apoyarles en el desarrollo de las capacidades gerenciales".