El porvenir de la reforma educativa

Las movilizaciones del mundo rural contra el modo de aplicación de la ESO han colocado de nuevo los problemas de la educación en el punto de mira de la atención pública. Igualmente lo han hecho las primeras declaraciones de la ministra del ramo, Esperanza Aguirre, radicalizando las propuestas privatizadoras del programa del PP.Los problemas de implantación de la ESO no son exclusivos de las zonas rurales. En la planificación del 'territorio MEC', el 40% del alumnado continuará en los colegios de primaria (en una región urbana como la madrileña, esa tasa se sitúa en el 65%). En su origen, una mala gestión, derivada, en gran medida, de la insuficiente financiación. Desde 1993, en el periodo clave de una reforma que requiere importantes inversiones, el gasto público educativo ha permanecido congelado (en torno al 4,2% del PIB). El éxito escolar de la gran mayoría de los alumnos que cursarán esta etapa, objetivo clave de la reforma, sólo se logrará si se disponen los recursos materiales y humanos adecuados.

En las zonas rurales la dificultad es obviamente mayor, pero hay soluciones. Cualquiera de ellas es mejor que el aplazamiento de la entrada en vigor de la ESO; al menos desde la óptica de quienes consideramos prioritario mejorar las oportunidades educativas de la población rural. Aquéllas deben ser flexibles, adaptadas a las características de cada comarca: crear más institutos y secciones; dotar a algunos colegios rurales del profesorado y los equipamientos necesarios; limitar los desplazamientos a los centros comarcales a uno o dos días por semanas; en los casos en que el desplazamiento sea inevitable, asegurar itinerarios de transporte de una duración máxima de 30 minutos y comedores escolares, etcétera. Y siempre, garantizando la unidad de la etapa, la coordinación del profesorado entre sí y con los departamentos de orientación.

La política económica y presupuestaria anunciada por el nuevo Gobierno conduce al pesimismo. Si a ello añadimos la promesa electoral del PP de financiar la enseñanza privada en los niveles no obligatorios, las insinuaciones sobre el cambio del sistema de financiación (cheque escolar, desgravaciones ... ) y aquellos aspectos del programa electoral que plantean otra estructura del sistema educativo (separación de los itinerarios académicos a partir de los 15 años), se puede concluir que existe una seria y doble amenaza contra los aspectos más progresistas de la reforma y del sistema educativo público.

Reforma y calidad de la enseñanza deben marchar asociadas. Pero no hay calidad de la enseñanza sin una financiación suficiente. Hay que recordar que en España el esfuerzo público educativo está todavía muy lejos del que dedica el resto de Europa (al menos a punto y medio del PIB). El Congreso de los Diputados tendrá ocasión de debatir sobre ello cuando se tramite la iniciativa legislativa popular promovida por CC OO. Desacreditada, en este aspecto, la cortedad de miras del conservadurismo de los 80, hoy hay un gran consenso sobre que la inversión en educación y formación profesional, junto con la dedicada a I + D, son claves para el desarrollo de las naciones. Para la creación de la riqueza y su distribución más justa. La legítima preocupación por la reducción del déficit público -que no sólo se reduce recortando el gasto y, menos aún, todos los gastos- no puede llevarnos a una suicida cortedad de miras. Con el porvernir de la educación nos jugamos nuestro porvenir colectivo..