30 años de cárcel para el primer policía juzgado por una matanza de niños en Río

Por vez primera en la historia de Brasil se juzga a policías acusados de matar a niños de la calle. El primero de los acusados, Marcos Vinícius Borges Emmanuel, fue condenado ayer a 30 años de cárcel tras haber admitido haber "baleado" a uno de los ocho menores muertos eI 23 de juIio de 1993 en la plaza de la Candelária, en el centro de Río. El pasado lunes, un ex menino, Wagner dos Santos -herido en el tiroteo y actualmente protegido en Suiza por Amnistía Internacional-, reconoció a los acusados -tres policías y un obrero-.

El policía Borges, el primero de los cuatro acusados en comparecer ante el tribunal, añadió, sin embargo, que durante el resto del tiroteo permaneció cabizbajo, sin ver lo que pasaba. En tono monocorde, afirmó que el principal responsable fue su colega Maurício da Conceiçáo, conocido como Viernes 13, muerto hace dos años. El policía narró que él y sus cómplices obligaron a tres de los menores a entrar en un coche y se dirigieron al centro de Río. "Uno de los chicos estaba sentado delante de mí", recordó Borges. "Cerca del Museo de Arte Moderno, Viernes 13 me dijo: 'Dispara'. Le di dos tiros"."El hecho de que se celebre el juicio es digno de encomio", manifestó ayer César Díaz, portavoz de Amnistía Internacional en España, "pero sobre todo va a servir para ver la auténtica voluntad política del Gobierno brasileño. Hasta ahora las autoridades brasileñas siempre han dado muy buenas palabras. Ahora se comprobará hasta dónde llegan las medidas reales". En Brasil, diversas organizaciones de derechos humanos calificaron ayer el juicio de "decisivo".

¿Estratagema?

Al escuchar la inesperada confesión de Borges, su abogada defensora Sandra Bossio, quien aparentemente no estaba al tanto de la decisión de su cliente, hizo ademán de abandonar la causa, pero finalmente decidió seguir adelante para intentar que el acusado fuese condenado por un solo homicidio lo que supone una pena de entre 12 y 30 años de cárcel. El fiscal, por su parte, pidió que se le condenase como coautor de las ocho muertes y de heridas graves a otros seis niños.Militantes de los derechos humanos opinaron ayer que la confesión de Borges no fue más que una estratagema para optar a la condena por homicidio simple, ya que una matanza colectiva es delito mucho más grave, permite la acumulación de condenas y no deja derecho a reducción de pena. Al final, Borges fue condenado a un total de 309 años de cárcel -de los que cumplirá un máximo de 30 años- ya que el jurado le consideró culpable de cómplicidad en el asesinato de las otras siete víctimas de la matanza.

Borges proclamó la inocencia de los otros tres acusados, quienes serán juzgados el próximo 27 de mayo, e involucró' como copartícipes en la matanza al citado Viernes,13, a otro policía que fue detenido hace dos semanas y a un tercero que ya había confesado su participación en el asesianto.

El jefe de policía de Río, Hélio Luz, señaló que con la confesión de dos, acusados el caso de la Candelária está prácticamente aclarado, pero recordó que es preciso atacar las causas del problema. El mando policial expresó que los ocho menores fueron el blanco de una matanza, pero subrayó que - ante todo víctimas de una sociedad injusta. Para el sociólogo Herbert de Souza, el juicio es "el principio del fin para la impunidad de la policía".

En este sentido, el prestigioso semanario Veja publicó a fines de marzo dos noticias contradictorias, pero que evidencian. que algo se mueve en el país. Por un lado, el asesinato de tres meninos en Belo Horizonte (capital del Estado de Minas Gerais). Fueron hallados maniatados y con tiros en la nuca de calibre reglamentario en la policía; una llamada anónima al periódico Estado de Minas informó del lugar donde yacían los cadáveres y de que se había dejado en un apartado postal una carta interesante: resultó ser un mensaje sin firma que reclamaba más dinero para la Policía Civil. La hipótesis de los investigadores es que el triple crimen puede ser una presión de sectores policiales para conseguir que el gobernador Eduardo Azeredo les aumente el sueldo.

Como dato positivo, desde que entró en vigor en Sáo Paulo en septiembre el apartamiento del servicio de todo policía militar que mate a un ciudadano, ya sea en defensa propia o en condiciones sospechosas, se han reducido esa clase de muertes de 33 casos al mes a 18. Los agentes deben además cursar un programa de readaptación.