Flor de un día

Con el rostro compungido, el ministro de Economía y Hacienda en funciones ha aparecido profusamente en su televisión pública para reafirmar, escandalizado, la verdad de las cifras oficiales de crecimiento y déficit público frente a interpretaciones interesadas de la todavía oposición, en las que se ponían de manifiesto dos temores, que el déficit fuera mayor del que se dice y que el crecimiento se hubiera estancado.¿De qué estamos hablando? Los hechos apuntan a que 1995 ha sido una nueva catástrofe presupuestaria; el déficit público medido por el aumento de la deuda pública, ha sido de 7,2% del PIB, y ello a pesar de ingresos netos extraordinarios procedentes de la Unión Europea de 1,1 billones de pesetas frente a 400.000 millones en 1994, y a una disminución, también extraordinaria, de transferencias al INEM de otros 400.000 millones de pesetas, fruto tanto de la disminución del paro como de la aplicación de la reforma de julio de 1992.

Sin esa conjunción de factores positivos de carácter excepcional el déficit público -medido nuevamente por el aumento de deuda- se habría acercado peligrosamente al 9% del PIB. (Y eso sin descontar, como extraordinarios, los ingresos obtenidos por privatizaciones, licencia de Airtel y beneficios del Banco de España). En 1996, con un crecimiento en rápido retroceso y unas transferencias netas esperadas de la Unión Europa de 800.000 millones de pesetas, el déficit -¿o habría que hablar de crecimiento de la deuda pública?- superará el 8% del PIB.

El actual equipo económico del Gobierno había proclamado a los cuatro vientos su seriedad. Ellos no ocultaban los datos reales del déficit. Esa pretensión de seriedad no ha resistido un año de preparación de la campaña electoral. Las cifras que se van conociendo arrojan un mar de duda ssobre el gasto público de 1995.

Durante la campaña el Gobierno -hoy en funciones- lanzó tres mensajes económicos:

1. En 1.995 el déficit público fue de sólo el 5,7% del PIB frente al 5,9% presupuestado.

2. El crecimiento para 1996 sería del 3,4% y ello permitiría una reducción adicional del déficit público hasta el 4,5% del PIB, sin excesivas dificultades.

3. No era necesario hacer reformas estructurales en el gasto público; el PSOE entregaría las cuentas públicas en un formidable estado de salud.

Los datos oficiales sobre la evolución de la deuda pública en 1995, que ha aumentado en algo más de 5 billones de pesetas, el 7,2% del PIB, cuestionan radicalmente ese planteamiento.

Por otra parte, el crecimiento se ha estancado; como no podía menos de ocurrir, pues hace ya tiempo que nuestro ciclo económico es el que marcan los países más poderosos de la Unión Europea, Alemania y Francia, fundamentalmente. Todos quedaríamos satisfechos si finalmente crecemos el 2% en 1996, y ello gracias a que se espera que la producción agraria contribuya con cerca de un punto al, crecimiento de 1996. Desde el punto de vista de los ingresos fiscales ese menor crecimiento del PIB tendrá una repercusión más que proporcional dada la excesiva progresividad de nuestro sistema tributario, al tiempo que no se podrá mantener un descenso de las transferencias al INEM tan acusado como el del año anterior.

Pero, volvamos a la dispar evolución del déficit público y de la deuda pública en 1995.

¿Pudiera ser que el crecimiento de la deuda recogiera déficits de años anteriores y que, por tanto, lo único que estuviera poniéndose de manifiesto fuera una aparición, en forma de deuda pública, de unos déficit incurridos anteriormente? Es posible, porque la catástrofe de estos años de gobierno ha destrozado el control del gasto público, hasta unos límites que sólo pueden medirse analizando la diferente evolución de ambas magnitudes. Si nos hubiéramos fiado siempre de las ofendidas reacciones de los responsables de economía de los últimos gobiernos, resultaría que la deuda pública española sería hoy e 35 billones de pesetas, en lugar e los 45 billones que lucen en el balance de nuestra economía.

La evolución por trienios, de déficit y deuda públicos, ha sido la siguiente:

El conjunto de déficit públicos de la era socialista suma 30 billones de pesetas (añadiendo los cinco billones de 1995); la deuda pública ha aumentado, sin embargo, en esos mismos años, en 40,5 billones de pesetas.

La aportación del equipo económico del hoy Gobierno en funciones era que en 1994 había conseguido eliminar las diferencias entre déficit y crecimiento de la deuda. Y ésa era la ganancia neta para el país en términos de credibilidad de la política económica

Ha sido flor de un día; en 1995 el déficit público ha sido, oficialmente, de 4,093 billones de pesetas, el 5,8% del PIB, pero el endeudamiento público ha aumentado en 5,041 billones, el 7,26% del PIB.

¿De dónde surgen estas enormes diferencias?

Una aclaración previa. Cuando el Tribunal de Cuentas, con los retrasos obligados, emite opinión sobre la liquidación de las cuentas públicas y dice, por ejemplo, como ha dicho respecto a algún año, que hay que singularizar uno o dos billones de pesetas, se está refiriendo, precisamente, a esas diferencias entre déficit públicos y crecimiento de la deuda pública.

El Tribunal de Cuentas no está diciendo, en la inmensa mayoría de los casos, que esos gastos extraordinarios que dan origen al crecimiento de la deuda pública por encima de los déficits reconocidos oficialmente, sean ilegales. Está manifestando que deberían haberse reflejado en los presupuestos de gastos de diversas Administraciones Públicas, básicamente en el consolidado del Estado y organismos autónomos y comerciales, que es el origen de la mayor parte del exceso de gasto.

En su mayor parte, los excesos de gasto público sobre lo presupuestado tienen las siguientes causas:

1. Asunción por parte del Estado de deuda emitida por organismos, como el INI o la Renfe.

2. Aumento, en la actualidad imposible, de endeudamiento con el Banco de España o endeudamiento neto -éste sí posible- con otras entidades financieras para, por ejemplo en 1994 y 1995, hacer préstamos al INSS desde el Estado, en lugar de reconocer un mayor déficit.

3. En caso de devaluaciones de la peseta se produce automáticamente un exceso de gasto si la deuda pública está emitida en moneda que se ha revalorizado frente a nuestra divisa. Exactamente igual que les ocurre a las empresas privadas o públicas que tienen deudas en monedas extranjeras. Este efecto ha sido especialmente importante desde 1993, como consecuencia de las devaluaciones.

En el presupuesto prorrogado para 1996 se asumen deudas del INI, RTVE, créditos al ICO y a otros organismos autónomos y avales por hasta 220.000 millones de pesetas. En conjunto, 1,842 billones de pesetas.

Esa cantidad sí parece estar correctamente contabilizada; el problema surge cuando a lo largo del ejercicio se producen otras asunciones de deuda no previstas o se incurre en gastos no presupuestados inicialmente. En 1995, ese conjunto de imprevistos ha sumado algo más de un billón de pesetas.

Todo ello pone de manifiesto algo que casi habíamos perdido de vista desde las elecciones que, estamos muy lejos del cumplimiento del límite de déficit público previsto en Maastricht; es más, que estamos en una situación de emergencia fiscal que requiere, inmediatamente, una reforma en profundidad de los gastos o ingresos públicos.