El Tribunal de la Competencia juzga mañana a 49 empresas por fijar conjuntamente el precio de la leche

El Tribunal de Defensa de la Competencia sentará en el banquillo mañana a 49 empresas del sector de la leche a las que se acusa de haber fijado conjuntamente, en el seno de la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil), unos precios base para pagar a los ganaderos entre los meses de septiembre de 1991 a junio de 1992. Las empresas, entre las que se hallan las firmas más importantes del sector, podrían ser objeto de una sanción económica por la aplicación de esa práctia monopolística. Fernando Moraleda, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), organización que interpuso denuncia en 1992, considera que "lo importante es poner fin al desarrollo de estas prácticas de las industrias en el campo".

El expediente contra 49 empresas de la industria lechera por presuntas prácticas de acuerdos sobre precios en el campo y, en definitiva, por distorsionar el mercado en beneficio propio, tiene su origen en una denuncia presentada en junio de 1992 por la Unión de Pequeños Agricultores por los hechos sucedidos en el sector en los meses precedentes. En concreto, la organización agraria acusaba a los industria les de haber aplicado precios y condiciones de compra entre los meses de septiembre de 1991 y junio de 1992, iguales para todo el sector, según un acuerdo adoptado en su día en el seno de la Fenil, lo que supondría una práctica contra la competencia. En aquella fecha se encontraba en la presidencia de Fenil el propietario de Industrias Lácteas Asturianas (llas), comercializadora de Reny Picot, Francisco Rodríguez.

El Servicio de Defensa de Competencia procedió a la instrucción del correspondiente expediente durante los años posteriores. Este trabajo ha dado lugar a un amplio informe, compuesto por más de 5.000 folios. En su pliego sobre la concreción de los hechos, la instructora del caso señala, entre otros elementos, la publicación de esa información en la prensa nacional, así como la recepción por parte de algunos productores de un escrito donde se les comunicaba el acuerdo adoptado en el seno de la Fenil.

Escrito consensuado

En este texto se les indicaba a los productores el importe del precio base, las bonificaciones o las penalizaciones por materia grasa y bacteriología. Según la providencia de la instrucción, los precios base por litro practicados por las 49 empresas afiliadas a Fenil fueron de 37 pesetas en septiembre de 1991, 38,50 en octubre, 39 en noviembre y diciembre, 38,50 en enero de 1992, 37,50 en febrero, 36 en marzo, 33,50 en abril, 31,560 en mayo y 30 en junio.

La valoración jurídica del caso concluye que 49 empresas en el sector de la leche aplicaron entre los meses de septiembre de 1991 y mayo de 1992 los mismos precios base. La instructora considera, además, que no se puede explicar que 49 empresas con problemas y ubicación diferente puedan aplicar precios idénticos, por lo que, a su juicio, esa situación tuvo su origen en las decisiones o recomendaciones alcanzadas en el seno de la Fenil. Como consecuencia de estos hechos, se formula un primer cargo contra Fenil por incurrir en prácticas prohibidas y un segundo cargo en la misma línea a las empresas implicadas.

A partir del mes de diciembre de 1994, el Tribunal de Defensa de la Competencia aceptó a trámite el expediente. Desde entonces, ha desarrollado el periodo probatorio de los hechos denunciados. En este tiempo, por parte del tribunal se han analizado más de 400.000 facturas de todas las empresas.

Las firmas supuestamente implicadas en estos hechos, por su parte, han presentado diferentes alegaciones de indefensión y confidencialidad, que no han sido aceptadas por el Tribunal de Defensa de la Competencia, organismo que preside Amadeo Petitbó. Este organismo consideró las mismas como improcedentes, señalando la vista definitiva del proceso para mañana, 9 de abril.

Antes de llegar a este punto, el tribunal analizó diversos informes sobre la organización del mercado de la leche, realizados tanto por parte de la Comisión de la Unión Europea como por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ninguno de los informes revisados por los expertos del Tribunal de la Competencia contenía, según se desprende de la documentación oficial que acompaña al caso, razones para justificar la aplicación de unos precios bases idénticos generalizados por todas las empresas implicadas.

En opinión del secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores, Fernando Moraleda, el sector "se conformaría con una multa simbólica de una peseta". "No pretendemos que se apliquen graves sanciones a las industrias. Queremos fundamentalmente que, después de esta experiencia, se terminen las prácticas monopolísticas y que funcione, de verdad, un mercado realmente equilibrado", reflexiona Moraleda.