Un acto bárbaro

EL ATENTADO del que fue objeto el pasado miércoles la primera empresa comercializadora de frutos secos de España, Borges, SA, no sólo es grave por los cuantiosos daños causados y por el peligro que supuso para las personas. Lo es también porque todo indica que en el conflicto de los agricultores de Cataluña dedicados a la producción de la avellana hay quienes -desde dentro o fuera del sector- han dado un salto cualitativo de la protesta al crimen. La empresa víctima del atentado importa de Turquía una buena parte de las avellanas que comercializa.Los daños inmediatos alcanzan los 5.000 millones de pesetas, cifra en que está valorada la factoría de Reus, totalmente calcinada tras el incendio. Pero todavía pueden ser mayores los perjuicios que pueden producirse en el futuro si la compañía se ve abocada a desaparecer temporalmente de los mercados internacionales donde compite ferozmente con grandes multinacionales. El incendio pone en peligro los 600 empleos de la empresa y es el peor favor que puede hacerse a los cultivadores de la avellana.

El atentado, reivindicado por una autodenominada Unió Revolucionaria Pagesa, un grupo cuyo único antecedente conocido es un atentado similar, pero sin daños, en la misma fábrica hace cinco años, ha causado más estupor que otra cosa. La Unió de Pagesos, el sindicato más representativo de los agricultores catalanes, y que ha dirigido las protestas, condenó inmediatamente los hechos.

El problema de la avellana afecta a 5.000 agricultores en Cataluña y a 20.000 en toda España. Tiene su origen en el hundimiento de los precios a consecuencia de las fuertes importaciones de este producto de Turquía, primer productor mundial de avellana. Estas importaciones crecieron hasta alcanzar las 160.000 toneladas en el ámbito europeo desde que Turquía logró un trato preferencial con la Unión Europea. El resultado es que los precios han caído hasta las 225 pesetas cuando los costes de producción en España superan las 500 pesetas.

No es sensato buscar la solución a la crisis del sector en acuerdos con limitaciones al libre comercio. Los agricultores han recibido entre 1993 y 1995 unos 3.400 millones de pesetas en ayudas para mejorar sus estructuras. Es una cantidad importante, que ha representado entre el 20% y el 40% del valor de la producción según los años, pero los payeses la consideran insuficiente y reclaman ayudas directas, tales como precios garantizados. Las administraciones implicadas -europea, central y autonómica- deberían encontrar una solución para estos trabajadores que atendiera especialmente a sus circunstancias personales, ya que la mayoría de ellos superan los 50 años de edad. Pero si ésta no pasa por las barreras comerciales, desde luego, tampoco por el sabotaje terrorista.