Garzón admite una denuncia contra militares argentinos por genocidio y terrorismo

Genocidio y terrorismo de Estado son dos de los delitos que apunta la denuncia de la asociación Unión Progresista de Fiscales (UPF) contra algunos militares golpistas argentinos. La denuncia, presentada en la Audiencia. Nacional, con sede en Madrid, ha sido admitida a trámite por el magistrado Baltasar Garzón en el Juzgado Central de Instrucción número 5.La acción de la UPF ha sido impulsada por el interés de que no queden impunes las acciones de las juntas militares que ocuparon por la fuerza el Gobierno de Argentina desde 1976 -esta semana se han cumplido 20 años- hasta 1983 y la falta de explicaciones sobre las 30.000 personas desaparecidas, según explicó ayer el miembro de esa asociación Carlos Castresana. La interposición de la denuncia paraliza la prescripción de los delitos, ocurridos en algunos casos hace 20 años.

El mismo fiscal precisó que la justicia española está legitimada para investigar ya que las leyes de punto final y obediencia debida acordadas en Argentina no vinculan "en absoluto" a la legislación de España.

Uno de los hechos que, además, da más razón a la iniciativa es que se tiene la certeza de que desaparecieron al menos 35 ciudadanos españoles. "Constituye una exigencia indeclinable de la soberanía nacional la persecución penal del asesinato de los ciudadanos españoles víctimas del terror desatado por los denunciados", explica la denuncia. La UPF ofrece, además, acciones a las asociaciones y personas afectadas a la vez que solicita su colaboración.

La acción de la UPF no se dirige contra personas concretas, aunque sí hace un somero relato de algunos hechos imputados a determinados militares golpistas. Entre ellos figuran: Jorge Rafael Videla, Orlando Agosti, Emilio Massera, Salvio Menétidez, Jorge Acosta, Alfredo Astiz y William. Warnon.