El nuevo modelo de financiación exige consenso, dice Rato

La incertidumbre sobre la nueva fórmula de corresponsabilidad fiscal obligó ayer a Rodrigo Rato, uno de los tres vicesecretarios generales del PP, a dedicarle buena parte de sus explicaciones. Aseguró que se trata de buscar un modelo que pueda ser aceptado por todas las comunidades y subrayó que se aprobará por consenso, no por un acuerdo bilateral.La fórmula actual de transferencia a las administraciones autónomas de un 15% de lo recaudado por el impuesto de la renta en sus comunidades respectivas acaba el 31 de diciembre próximo y para este ejercicio sólo fue apoyada por Cataluña. "El Gobierno anterior fue incapaz de completar un sistema de financiación autonómica, como era su obligación", señaló Rato.

La crítica de los populares a la fórmula del 15% se ha basado en que no introduce verdadera corresponsabilidad, al consistir sólo en la entrega de una parte de la recaudación. La insistencia de Aznar en que la corresponsabilidad debe redundar en que a las comunidades se les vea la mano al prestar servicios al ciudadano, pero también a la hora de recaudar el dinero para pagarlos, tendrá traducción en un modelo que dé a los gobiernos autónomos capacidad normativa.

Garantías de igualdad

El nuevo modelo, según los populares, puede basarse en los impuestos especiales (los que gravan la gasolina, el tabaco o el alcohol), en el IVA minorista o en el impuesto sobre la renta, aunque admiten que jugar con los dos primeros presenta más dificultades técnicas. El documento base para la negociación presentado por el PP apunta con claridad al IRPF.

El procedimiento que el PP quiere negociar con las comunidades autónomas, y en primer lugar con Cataluña por evidentes necesidades políticas y porque fue la impulsora del sistema vigente, consiste en dividir el IRPF en dos tramos, uno estatal y otro autonómico. Cada comunidad tendría capacidad para legislar sobre su tramo, subirlo o bajarlo.

Nada hay cerrado sobre aspectos técnicos, por ejemplo si la capacidad normativa de las comunidades sobre el tramo autonómico conlleva dos agencias recaudadoras distintas, una compartida, o la responsabilidad exclusiva del Estado, como hasta ahora, para entregar a cada Gobierno lo que le corresponda.

En todo caso, según Rato, el proyecto no afectará a la voluntad de reducir durante la legislatura los tipos del IRPF e incorporará garantías de que todas las comunidades y todos los ciudadanos reciban servicios básicos iguales. Las comunidades con menor nivel de renta, que se verían menos favorecidas por la gestión autónoma de una parte del IRPF, recibirían "transferencias de nivelación" y habría también "transferencias de compensación" para equilibrar factores como el mayor coste en la prestación de ciertos servicios.