El PP incluye delegar competencias exclusivas del Estado en su oferta de pacto a los nacionalistas

El "impulso autonómico" anunciado por José María Aznar comienza a tomar forma, aunque con perfiles imprecisos. Las fórmulas concretas quedan para la fase real de negociación. Los Populares, en el documento que aspiran a convertir en base del pacto con os nacionalistas e hilo conductor de la legisatura, prometen realizar las transferencias pendientes, abren la puerta a una posibilidad constitucional hasta ahora inexplorada -la delegación de competencias exclusivas del Estado- y apuntan al IRPF como impuesto más adecuado para ensayar un nuevo modelo de corresponsabilidad fiscal.

Estos elementos y la apuesta por el cumplimiento de los criterios de convergencia europea en 199,8 son el contenido principal del documento que el domingo entregó Aznar al presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, y que ha hecho llegar ya a los demás partidos cuyo apoyo para la investidura intenta conseguir.La ejecutiva del partido recibió ayer información de Aznar y de Rodrigo Rato sobre las conversaciones. La clave sigue siendo la primera y larga entrevista del domingo entre el líder del PP y Pujol. Los populares creen que sirvió para superar las reticencias y abrir el paso a una fase más seria y decisiva, que acabará en acuerdo en un "plazo razonable" y que sirva para llevar la tranquilidad a los mercados financieros. "Es cuestión de tiempo", afirmaron miembros de la ejecutiva.

La propuesta estrella de los populares a CiU, PNV y Coalición Canaria es la Administración única y la voluntad de abordar la delegación a los gobiernos autónomos de competencias constitucionalmente exclusivas del Estado.

La Administración única se debe aplicar, según el PP, de forma que las administraciones autonómas ejerzan "en sus respectivos territorios aquellas funciones en las que deba intervenir la Administración Pública", siempre y cuando "hayan asumido competencias en el respectivo ámbito material".

Si una comunidad tiene transferida Agricultura, en virtud de la Administración única acabará haciéndose cargo en la comunidad autónoma de todos los servicios públicos relacionados con la materia. La Administración periférica del Estado se reduciría entonces a las materias del artículo 149.1 de la Constitución, que fija las 32 competencias esxclusivas del Estado, y sólo a las que de esas 32 no admitan delegación.

La definición de las competencias exclusivas cuya ejecución puede delegarse a los Gobiernos autónomos y las indelegables (por ejemplo, relaciones internacionales y defensa y fuerzas armadas) nunca se ha hecho. Una vieja propuesta de Aznar, vinculada a su propósito de "dar estabilidad al Sistema autonómico", es realizar esa delimitación mediante un pacto de Estado.

La limitación de la Administración periférica del Estado a las competencias "indelegables" daría pie a modificaciones estructurales, según el documento base del PP. En este apartado podría encajarse, si hay acuerdo al respecto, la sustitución del gobernador civil por un subdelegado del Gobierno.

La gestión de las competencias "exclusivas del Estado" que no sean consideradas indelegables puede trasladarse a las comunidades autónomas mediante ley orgánica. Los populares quieren, en el marco de la Administración única, "un mayor protagonismo autonómico en las llamadas competencias de ejecución". Se trata de los servicios que los Gobiernos autónomos gestionan por delegación del Estado, que sigue siendo titular de los mismos.

Esta vía puede servir para resolver la aspiración de Cataluña a que su policía autónoma controle el tráfico, excluido de sus funciones por el Estatuto de Sau, y permitiría también que las comunidades autónomas se encargen de la gestión de puertos y aeropuertos considerados "de interés general", como los de Bilbao y Barcelona, vieja aspiración de los Ejecutivos vasco y catalán, respectivamente.