Los inversores resisten en Cuba

Hace cinco años, el director general de Hoteles Tryp, Rufino Calero Cuevas, trabajaba cómodamente en su despacho de Madrid cuando recibió una visita extraña e inesperada. Era Jorge Mas Canosa, el presidente de la Fundación Nacional Cubano-Americana, la poderosa y ultraconservadora organización anticastrista de Miami. Calero le hizo pasar, y Mas Canosa fue directo al grano: sería mejor que Tryp no continua con sus proyectos de inversión en Cuba, pues, cuando Castro saliese del poder, ninguna empresa mixta constituida por el anterior Gobierno sería respetada.Calero contó hasta diez. Luego se levantó y, con mucha calma, echó a Mas Canosa de su oficina casi a patadas. Tryp, una cadena hotelera que explota 45 hoteles en España, estaba entonces metida en la construcción del hotel Cohíba de La Habana junto a un grupo inversor aragonés y en asocia ción con las autoridades cubanas. El proyecto fracasó, pero en 1995 Tryp volvió a Cuba acompañando a varios bancos y mutualidades españolas.

El miércoles pasado, el grupo español dio una fiesta en el hotel Habana Libre para presentar oficialmente sus proyectos en la isla. Estos comprenden la rehabilitación y gestión del antiguo Habana Hilton, la administración del Paradiso y el Puntarena, en la playa de Varadero, y del Cayo Coco, en la provincia de Ciego de Ávila, así como la construcción de dos nuevos hoteles, uno de 300 habitaciones en Varadero y otro de 500 ha bitaciones en Cayo Coco. Pero de nuevo Tryp encontraba obstáculos en su camino.

Ese mismo día , mientras los canapés y el cava iban y venían por las moquetas del Habana Libre, el Congreso de Estados Unidos aprobaba la ley Helms-Burton, que pretende extender el bloqueo contra Cuba e impone sanciones a aquellos empresarios extranjeros que "trafican" con propiedades expropiadas a ciudadanos norteamericanos o cubano-americanos tras el triunfo de la revolución.

Sin embargo, Antonio Briones, presidente de Tryp, estaba tranquilo aquella tarde: "Nuestros criterios son economicos y no políticos, y aquí estamos", dijo. Lo que cinco años antes no había podido conseguir Mas Canosa tampoco lo lograría ahora una ley norteamericana. Según la cadena hotelera, la ley Helms no les afectaría. El Habana Libre fue construido por el Sindicato de Dependientes del Comercio de Cuba, y Hilton sólo tuvo la gestión. El resto de sus hoteles en la isla eran de nueva planta.

Como Tryp, otros grupos con inversiones en Cuba creían que sus intereses no se verían afectados por la nueva ley de EE UU, y, en el caso de que así fuese, la mayoría estaba dispuesta a afrontar los riesgos. Era el caso de la Cadena Sol Meliá, que administra dos hoteles en Florida, el Sol Miami y el Meliá Orlando. Sol Meliá controla en estos momentos 2.564 habitaciones en la isla y ha participado, en asociación con otros socios españoles y extranjeros, en la construcción de tres hoteles en Varadero -y edifica en la actualidad un cuarto en La Habana-, en una operación conjunta de más de 7.000 millones de pesetas.

Fuentes de Meliá ya han expresado que, en caso de conflicto, prefieren abandonar sus dos hoteles en EE UU antes que sus intereses en Cuba. "No hemos evaluado cómo nos puede afectar esta ley, pero creo que es muy difícil que puedan aplicarla", declaró Gabriel Canavés, director de división de Sol Meliá. "Ningún país tiene derecho a fijar a todo el mundo su política", dijo.

Como otros importantes directivos de firmas extranjeras, Canavés piensa que la ley Helms no será eficaz, y cree que los empresarios que ya tienen invertido dinero en la isla o están a punto de hacerlo no se van a echar atrás. "En todo caso", dijo, "se crearía rápidamente una red de sociedades interpuestas que haría inservible el control de EE UU". "Otra cosa es que la ley pueda disuadir o desmotivar a los futuros inversores", opinaba Rafael Bailo Aznar, delegado en Cuba de Destilerías MG.

Hasta hace poco MG tenía la concesión para distribuir en exclusiva el ron Havana Club en Europa, concesión que ahora tiene la firma francesa Pernaud-Ricard, que sí podría tener problemas con EE UU por sus intereses en la antigua fábrica de ron Bacardí de Santiago de Cuba.

"La ley Helms no va a afectar a los pequeños empresarios, sino a las grandes firmas que tienen relación con compañías de EE UU", señala Javier Álvarez Bolado, presidente de la Asociación de Empresarios Españoles en Cuba, que aglutina a unos cincuenta hombres de negocios.

La ley llega a Cuba en un mal momento. Hoy, las inversiones extranjeras ascienden a 2.000 millones de dólares (250.000 millones de pesetas), y de este capital sólo la mitad se ha hecho efectivo.