Un modelo que funciona

La polémica sobre la liberalización de las farmacias en España afecta no sólo a los licenciados en dicha especialidad, sino también a los usuarios. La distribución geográfica de las mismas, la introducción o no de la competencia, la calidad del servicio son algunos, elementos vinculados al debate. En estas páginas analizan la cuestión Amadeo Petitbó Juan, presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, que aboga por la libre apertura de las farmacias; los economistas Gerardo, (Ortega y Ramón Tamames, autores de un informe encargado por los colegios de farmacéuticos, en el que se concluye que el sistema funciona razonablemente bien, y Pilar Aparicio, representante de los farmacéuticos en paro, contrarios a la actual regulación.

La distribución minorista de medicamentos es una actividad fuertemente regulada en toda Europa, hasta el punto de que en ningún país existe libre competencia en sentido estricto. El modelo español funciona razonablemente bien. La red farmacéutica española es una de las mayores de Europa. A finales de 1992, último año para el que existen datos comparativos, había en España 46,6 farmacias por cada 100.000 habitantes, cifra sólo superada por Grecia y Bélgica. Los precios de los medicamentos españoles están, según todos los estudios realizados hasta la fecha, entre los más bajos de Europa. El coste de distribución del medicamento a través de la farmacia era en 1993 también inferior al de los países más importantes de Europa, incluso teniendo en cuenta las diferencias de poder adquisitivo de cada país; la ganancia bruta de la farmacia española, medida en unidades de paridad de poder de compra, era el 71% de la británica, el 61% de la francesa, y así sucesivamente.

Suelen utilizarse los elevados precios de los traspasos entre farmacias como argumento, poco menos que irrefutable, de que las farmacias son, en España, un magnífico negocio. Es verdad que los traspasos son elevados, pero de ello no puede deducirse automáticamente que la rentabilidad de la farmacia lo sea. Una aproximación superficial al tema es más que suficiente para comprobar que serían necesarias tasas de rentabilidad sobre ventas, después de impuestos, superiores al 32,8% para justificar esos traspasos. Con un margen comercial bruto del 29,9% es evidente que las razones por las que se pagan los citados traspasos son absolutamente ajenas a la rentabilidad de la farmacia. Conviene aclarar que el margen del 29,9% sobre el precio de venta es exactamente igual al 42,7% sobre el precio de coste que el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) utiliza habitualmente.

Un análisis exhaustivo de la cuestión, debidamente formalizado en términos matemáticos, puede encontrarse en nuestro trabajo La economía de la distribución minnorísta de especialidades farmacéuticas en España, cuyas conclusiones nadie ha rebatido hasta ahora, aunque no haya faltado quien ha tratado de descalificarlo tildándolo de "lágrima de boticario", sin entrar a refutarlo, tal vez por tratarse de una tarea excesivamente ardua para sus menguados conocimientos económicos.Por lo demás, no es cierto que los importes pagados por los traspasos de las farmacias los acabe pagando el público. La Administración es la que fija el precio de los medicamentos, atendiendo fundamentalmente al precio de venta del laboratorio. Los traspasos ni aumentan, ni podrían aumentar en ningún caso, los precios de los medicamentos. Con datos obtenidos de más de 1.200 farmacias, numero que es más que suficiente para asegurar la representatividad de los resultados, es posible afirmar que el beneficio neto del 61% de las farmacias españolas no superan los seis millones de pesetas anuales, cifra absolutamente insuficiente para cubrir el coste financiero de la inversión necesaria en la farmacia, excluido cualquier precio de traspaso, y para retribuir dignamente el trabajo profesional del farmacéutico, al nivel de cualquier otro titulado superior.

Según el TDC, las regulaciones actuales están generando a favor de las farmacias unas rentas de monopolio de unos 50.000 millones anuales. Se trata de una afirmación basada en la premisa de que, en libre competencia, el margen de las farmacias sería muy inferior al actual; premisa muy poco consistente ya que si, como se dice, el margen comercial de la parafarmacia, que es totalmente libre, es superior al de los medicamentos -se ha llegado a decir que las farmacias obtienen beneficios de hasta el 220% en la venta de algunos productos de parafarmacia lo lógico sería que, en libre competencia, el margen de los medicamentos tendiera a aumentar, hasta igualarse, como mínimo, al de la parafarmacia. El resultado, bajo esta hipótesis que es mucho más verosímil que la manejada por el TDC, es que las supuestas rentas monopolísticas serían negativas y no positivas.

El TDC propone que se permitan los descuentos sobre los precios de venta de los medicamentos, actualmente prohibidos en la Ley del Medicamento. El paso siguiente sería, lógicamente, autorizar su publicidad, a fin de que el público pudiera conocerlos. Aparte de que ambas propuestas son radicalmente contrarias al "uso racional del medicamento" recomendado por la OMS, es preciso señalar que los descuentos que pudieran producirse serían prácticamente inalcanzables para aquellas personas que vivieran en zonas rurales y en las urbanas de menor capacidad de demanda, que bastante tendrían con tratar de no quedarse sin servicio farmacéutico. No es casual, ni mucho menos, que los descuentos sobre los precios de los medicamentos de prescripción estén prohibidos expresamente en toda Europa.

Sin la posibilidad de efectuar descuentos, el propio TDC reconoce que la libertad de apertura llevaría a una proliferación ineficiente de farmacias, que acabaría traduciéndose inevitablemente, tal como muestra la experiencia disponible, en aumentos en el margen comercial para restablecer la ganancia bruta de la farmacia y evitar el deterioro del servicio. Existe una relación muy clara entre número de farmacias y margen comercial que hace imposible aumentar el número de farmacias y, simultáneamente, reducir el margen comercial. Por ello, resulta penosa la utilización demagógica que se está haciendo de los farmacéuticos en paro. Por otra parte, conviene señalar que las regulaciones, actuales no están impidiendo la apertura de nuevas farmacias. Desde 1985 a 1994 se han abierto 1.679 nuevas farmacias que suponen el 10%, aproximadamente, de las existentes en 1985. El crecimiento de la población española en ese mismo periodo fue muy inferior.

Para prevenir la desaparición de la farmacia en las zonas rurales y en las urbanas de menor renta derivada de la eliminación de las regulaciones actuales sobre establecimiento, el TDC propone que la Seguridad Social, que es el único monopolio auténtico que existe en el sector, utilice todo el poder que le proporciona su privilegiada posición para establecer condiciones diferenciadas de compra con las farmacias, de forma que el ahorro conseguido en unas permita subvencionar a otras, generando un sistema de subvenciones cruzadas entre las farmacias absolutamente intervencionista y aberrante, por mucho que se trate de colar como una propuesta liberalizadora.

La tesis del TDC de que la introducción de libre competencia entre las farmacias permitiría aumentar su número, mejorar la calidad de servicio, reducir los precios de los medicamentos, vía descuentos, e incluso disminuir el gasto público farmacéutico, es insostenible por la sencilla razón de que los objetivos previstos son económicamente incompatibles entre sí. Lo único cierto en este asunto es que las propuestas del TDC llevarían inevitablemente a una ruptura radical del modelo actual, que sigue las pautas de todos los países europeos, para acercarle peligrosamente al modelo suramericano recientemente liberalizado (Chile, Perú, Venezuela, Argentina, etcétera) que es un auténtico desastre. El modelo español puede perfeccionarse, desde luego, pero no por donde dice el TDC.Gerardo Ortega y Ramón Tamames son economistas y autores del informe encargado por los colegios farmacéuticos.