La competencia, un factor crucial para el cambio del sector

La polémica sobre la liberalización de las farmacias en España afecta no sólo a los licenciados en dicha especialidad, sino también a los usuarios. La distribución geográfica de las mismas, la introducción o no de la competencia, la calidad del servicio son algunos, elementos vinculados al debate. En estas páginas analizan la cuestión Amadeo Petitbó Juan, presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, que aboga por la libre apertura de las farmacias; los economistas Gerardo, (Ortega y Ramón Tamames, autores de un informe encargado por los colegios de farmacéuticos, en el que se concluye que el sistema funciona razonablemente bien, y Pilar Aparicio, representante de los farmacéuticos en paro, contrarios a la actual regulación.

El monopolio de la distribución de productos farmacéuticos ha salido del anonimato. Y tras muchos años de tranquilidad monopolista el colectivo de los farmacéuticos ha ganado protagonismo. Su rentable actividad comercial ha empezado a ser conocida por los ciudadanos y analizada por los estudiosos. Ello no podía ser de otra forma en unos momentos en que todos los agentes económicos adaptan sus estructuras económicas y sus funciones con el fin de mejorar su competitividad y contribuir a la mejora del bienestar colectivo. España ha dejado de ser un país con intercambios comerciales circunstanciales con el exterior. Ahora su economía está plenamente integrada con la de los países desarrollados. Dicha integración impone sus exigencias. Entre tales exigencias se incluye la necesaria reducción de los costes sanitarios. Y ello sin merma de la calidad de las prestaciones sanitarias.Las primeras voces en relación con la necesidad de modificar la actual regulación del sector de la distribución minorista de productos farmacéuticos, procedían del numeroso colectivo de licenciados en farmacia que, debido a la actual regulación del sector, no podían acceder a la propiedad de una oficina de farmacia. A dichas voces se han sumado los análisis de los periodistas, los trabajos de los profesores universitarios y un reciente informe del Tribunal de Defensa de la Competencia que intensificó el debate y provocó la reacción del Consejo de Colegios de Farmacéuticos de España que encargó un nuevo informe para responder al primero. El resultado no podía ser otro que la extensión del debate. Y como consecuencia del mismo ahora se conocen mejor que antes las funciones de los farmacéuticos y los costes de dichas funciones.

Por ello no debe parecer, extraño que los organismos internacionales se hayan hecho eco del alcance del problema y de las discusiones sobre el mismo. En su último informe sobre la economía española los expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se han referido a la posibilidad de reducir considerablemente el gasto público destinado a, la provisión de productos farmacéuticos a los enfermos. Y para ello sugieren dos medidas. En primer lugar, la eliminación de los obstáculos que impiden la libre apertura de las farmacias. Y, en segundo lugar, la reducción de los márgenes comerciales fijados por la Administración. Tales propuestas figuraban en el citado informe del Tribunal de Defensa de la Competencia y son perfectamente factibles. Y, además, son necesarias dado que facilitarán la aplicación de mecanismos de solidaridad entre los ciudadanos al eliminar los privilegios de unos pocos en beneficio de toda la población.

Los tiempos han cambiado. La educación de los ciudadanos ha mejorado considerablemente Y la asistencia médica se ha universalizado. Los laboratorios farmacéuticos y los médicos han ganado protagonismo. Y ello ha repercutido sobre el ejercicio de la profesión por los farmacéuticos. Dentro de unos años la introducción de las prestaciones farmacéuticas entre los servicios ofrecidos de los aseguradores privados dotará de nuevas funciones a los farmacéuticos que deberán contribuir, también, a la reducción de los gastos de gestión de la sanidad. Y ello promoverá nuevos cambios. Y tales cambios exigirán, a su vez, nuevas modificaciones en la profesión farmacéutica.

Por regla general el farmacéutico no es un profesional que dedica buena parte de su tiempo preparando fórmulas magistrales como antaño era su función principal. Basta con analizar objetivamente el desarrollo de sus funciones para llegar a la conclusión de que la ocupación relevante de los farmacéuticos consiste en dispensar -vender- medicamentos a los enfermos. La actividad consultora es excepcional. Los farmacéuticos, como todo profesional, deben ofrecer un buen servicio sanitario al menor coste posible. Sin embargo, los colegios oficiales de farmacéuticos no se halla adaptado completamente a tales cambios. Más bien se han resistido a los mismos en defensa de los privilegios de sus miembros y olvidan que las sociedades modernas deben buscar la eficiencia y uno de los instrumentos que contribuye a la mejora de la eficiencia es la competencia. Por estas razones, el Tribunal de Defensa de la Competencia, en virtud de las atribuciones que le confiere la Ley 16/1989, de Defensa de la Competencia, ha procedido al estudio del sector de distribución minorista de productos farmacéuticos. Su objetivo era la elaboración de un conjunto de propuestas razonadas de modificaciones normativas que fueron dirigidas al Gobierno antes del verano. Un aspecto crucial de tales propuestas era la introducción de competencia en el sector sin que ello supusiera merma alguna de la salud de los ciudadanos. Sostuvo el Tribunal la necesidad de la presencia de los farmacéuticos en la oficina de farmacia, por ejemplo. Los primeros resultados se han registrado recientemente. El. Gobierno ha modificado los mecanismos de distribución de los pañales de incontinencia y ha liberalizado la comercialización de los preparados para lactantes y los preparados de continuación cuyo monopolio era disfrutado por los farmacéuticos. Un primer paso al que, sin duda, seguirán otros.

Y deben seguir. Es necesario recordar que entre las actuales restricciones a la competencia destacan las siguientes: en primer lugar, la necesaria unidad indisoluble entre el propietario y el titular de una oficina de farmacia. Resulta sorprendente que cualquier ciudadano pueda ser él propietario de un hospital o de un laboratorio farmacéutico, pero, si no es licenciado en farmacia, no pueda acceder a la propiedad de una oficina de farmacia encomendando los aspectos sanitarios de la misma a un farmacéutico. En segundo lugar, la exigencia de que, en general, como máximo no pueda haber una oficina de farmacia a menos de 250 metros de otra oficina siempre y cuando, además, la oficina de farmacia cubra una población de 4.000 habitantes. Tales privilegios, afortunadamente, no están generalizados en otras actividades dado que ello supondría, sin ningún género de dudas, un colapso general de nuestra economía. En tercer lugar, pese a los elevados márgenes comerciales brutos aplicados a los productos que se venden en las oficinas de farmacias (42,7% en las especialidades farmacéuticos y márgenes considerablemente superiores en otros tipos de productos) los reglamentos de los colegios oficiales prohíben expresamente los descuentos.

Pero hay más. El sistema actual dispone de mecanismos disuasorios ante los intrusos. Los elevados márgenes comerciales y las fuertes barreras a la entrada se traducen en la necesidad de hacer frente a elevadas sumas de dinero para acceder a la propiedad de una oficina de farmacia. Los traspasos son la norma si un farmacéutico no quiere diferir significativamente en el tiempo dicho acceso. Tales traspasos han llegado a superar los 250 millones de pesetas. En este hecho radica el círculo vicioso y una de las perversas peculiaridades del sector: son necesarios elevados beneficios para amortizar los traspasos y tales traspasos impiden o dificultan la realización de descuentos reduciéndolas posibilidades de la competencia. Círculo vicioso que no tiene justificación alguna y que perjudica sensiblemente a los ciudadanos y al presupuesto público. Tras el telón, ocultos, están unos beneficios monopolísticos que pueden estimarse, prudentemente, en más de cien millones de pesetas anuales.

Si se eliminan las citadas restricciones no cabe ninguna duda acerca de que tanto la estructura como la conducta y los resultados del sector se modificarán sustancialmente. La distribución de las farmacias en el territorio se alterará, habrá nuevos farmacéuticos, los precios bajarán y los beneficios empresariales de los farmacéuticos se modificarán en función de los servicios ofrecidos y de su aportación a las necesidades de la población. La población no quedará desatendida y se contribuirá a la reducción del gasto farmacéutico público y privado. El objetivo es sensato y los medios, racionales. Sólo la pertinaz defensa de una situación abrigada de la competencia, y de los beneficios que conlleva está retrasando la adaptación de la profesión de farmacéutico a las nuevas necesidades de la sociedad.

Amadeo Petitbó Juan es presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia.