Situación inadmisible

La polémica sobre la liberalización de las farmacias en España afecta no sólo a los licenciados en dicha especialidad, sino también a los usuarios. La distribución geográfica de las mismas, la introducción o no de la competencia, la calidad del servicio son algunos, elementos vinculados al debate. En estas páginas analizan la cuestión Amadeo Petitbó Juan, presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, que aboga por la libre apertura de las farmacias; los economistas Gerardo, (Ortega y Ramón Tamames, autores de un informe encargado por los colegios de farmacéuticos, en el que se concluye que el sistema funciona razonablemente bien, y Pilar Aparicio, representante de los farmacéuticos en paro, contrarios a la actual regulación.En las últimas semanas, a través de los distintos medios de comunicación, hemos oído hablar de la libre apertura de oficinas de farmacia. Los asociación que represento, Farmacéuticos en Paro, reivindica dicha libertad para todos los farmacéuticos titulados, en defensa de sus derechos y los de todos los ciudadanos. En defensa de los primeros, porque el derecho al trabajo en la forma y modalidad que cada uno elige libremente está reconocido en nuestra Constitución. Los farmacéuticos somos los únicos profesionales a los que, habiendo obtenido el título para el ejercicio de una profesión, se nos limita el desempeñarla en su modalidad más natural: como titulares de una oficina de farmacia.

En defensa de los intereses de todos lo, ciudadanos, porque el sistema actual es un monopolio desde el momento en que impide la libre competencia entre los farmacéuticos con oficina de farmacia. Establece precios fijos de venta al público y, consiguientemente, prohibiendo descuentos en los mismos. Regula los horarios de apertura y cierre, que impiden la mejora del servicio al ciudadano. Establece servicios de urgencia que no hacen otra cosa que ocasionar trastornos a los consumidores, obligándolos a desplazamientos largos porque no encuentran una farmacia abierta próxima a su domicilio cuando más lo necesitan. Esto, que nos perjudica a todos, es así exclusivamente para comodidad y beneficio de los farmacéuticos establecidos. Hasta 1941, la apertura de oficinas de farmacia en España se regía por el principio de libre comercio. A partir de esa fecha, y por decreto-ley (sin refrendo popular de ninguna clase), se limita la apertura de farmacias, aumentando con el paso de los años las restricciones hasta llegar a la situación actual. Esta situación es inadmisible en un país que ha visto cómo se ha liberalizado hasta el mercado laboral. Si los derechos de los trabajadores, tan difícilmente conquistados, se han visto en gran medida mermados, ¿cómo es posible que no se reforme y liberalice la apertura de farmacias, máxime si tenemos en cuenta que los parámetros por los que se rigen las concesiones para las mismas -es decir, número de habitantes, distancias entre ellas, etcétera- no son parámetros enfocados a mejorar la atención al enfermo sino que pretenden únicamente asignarles de antemano cuotas de mercado que hagan rentable el negocio y que no sea necesaria la competencia? No dudamos de la necesidad de regular, que no limitar, la apertura de frmacias, pero de la misma manera que se regula la apertura de cualquier otro establecimiento sanitario. Es decir, exigir una serie de requisitos al profesional y al local donde se va a ejercer la actividad, de tal manera que si se demuestra que se cumplen éstos se podrá abrir farmacia sin más limitaciones. Estas restricciones que hoy padecemos, a los primeros que perjudican es a los 40 millones de españoles. Con la libre apertura de farmacias y la llegada de la competencia mejoraría el servicio sanitario que prestan. El farmacéutico tendría el impulso y la motivación para estar cada día más preparado, y dar así respuesta a todas las consultas de sus enfermos. Y también para disminuir drásticamente los períodos de ausencia de su farmacia, en los que la misma queda en manos de personal insuficientemente calificado para atenderlas. Todos exigimos una atención personalizada que hoy pocas farmacias pueden ofrecer, sobre todo las que están en núcleos de población importantes.

Hay un argumento que suelen utilizar con frecuencia los detractores de la libre apertura, y es que de esta manera todos los farmacéuticos instalarían sus farmacias en las grandes superficies, en zonas muy transitadas o en grandes aglomeraciones urbanas, dejando con ello desabastecidas las zonas rurales o menos pobladas, con lo cual empeoraría el servicio actual. Esta afirmación carece de toda lógica. En primer lugar, esto no ha ocurrido cuando se han liberalizado otros servicios. Tampoco ocurrió en la época anterior a 1941, en que, como ya hemos dicho, existía libre apertura. Todos sabemos que al final la oferta se acaba ajustando a la demanda. Por el contrario, con el sistema actual hay más de tres millones de españoles que viven en pequeños núcleos que carecen de farmacia, y que tienen que desplazarse al pueblo vecino para comprar sus medicinas. Esto no se debe a que no existan farmacéuticos, entre los que reclamamos la libre apertura, que no estemos dispuestos a abrir farmacia en esos núcleos. Se debe a las restricciones actuales, que no lo permiten y benefician al profesional con farmacia más próxima a esos pueblos que no la tienen. Pilar Aparicio Muñoz es vicepresidenta de Farmacéuticos en Paro.