El debate de las telecomunicaciones

En el debate que se está desarrollando en los países más adelantados sobre las telecomunicaciones no siempre se percibe con nitidez su hilo conductor, que suele aparecer envuelto en una jerga para supuestos iniciados, que impide ver su sustancia política.El asunto presenta múltiples perspectivas. La más amable, y desde luego la más deslumbrante, es la que tiene que ver con las posibilidades que abre la conjunción de las telecomunicaciones con la informática en relación con el ocio: la multiplicación de canales de televisión de forma casi ilimitada o la posibilidad, a través de comunicaciones interactivas, de seleccionar desde nuestro domicilio el programa que queremos ver sin mas que oprimir un simple botón del telemando, son algunas de las posibilidades más populares, pero no las más importantes.

Las más relevantes son las que van a contribuir a transformar el funcioriamiento de nuestra sociedad, y tienen que ver con la utilización de estas nuevas tecnologías en el ámbito del trabajo -al hacer posible la prestación de trabajo desde la vivienda habitual-; de las relaciones con la Administración pública -al permitir conexiones directas y permanentes con los centros de información o la realización de solicitudes desde muestro domicilio-; del comercio, con la apertura de nuevos tipos de mercados que rompan las barreras que las pequeñas y medianas empresas tienen para conocer la oferta y la demanda en lugares distantes de su domicilio legal o centro de sus actividades al establecer centros de recogida y almacenamiento informático de datos, accesibles desde cualquier punto del globo, que informa en tiempo real de la demanda y oferta de cualquier producto-; o el acceso a bases de datos de textos o imágenes de cualquier país del mundo desde nuestro domicilio, por no citar sino algunas de ellas.

Las enormes posibilidades que abren estos usos suscitan también recelos por la incidencia que se presume que pueden tener en múltiples aspectos de las relaciones sociales (laborales, comerciales y otras) que pueden verse alteradas. Ese tipo de temores no podrá impedir el desarrollo de la sociedad de la información, del mismo modo que los temores ante el ferrocarril, en sus inicios, no pudieron evitar su implantación. La cuestión de esta hora, en los países desarrollados, consiste en determinar la forma de organizar este tipo de servicios, habida cuenta de la decisión de liberalizarlos que se ha tomado en la inmensa mayoría de ellos y en la propia Unión Europea. Tal decisión se funda en buenas razones que tienen que ver, entre otras y por lo que hace a la Unión Europea, con la necesidad de acabar con los monopolios nacionales que al compartimentar el mercado europeo impiden la existencia de un auténtico mercado único de dimensiones óptimas para absorber los volúmenes de producción e ingentes inversiones de I + D que las empresas del sector necesitan para ser competitivas en un mercado mundial, por cuyo dominio luchan EE UU y Japón.

Ningún país de la Comunidad, por sí solo, llega al 6% del mercado mundial, frente a los EE UU que, ellos solos, tienen la tercera parte del mismo. La paradoja es que entre los 15 se acercan a ese porcentaje; de ahí la necesidad de romper esa barrera entre los mercados de los países europeos que suponen los monopolios.

Pero a la vez, la liberalización se quiere compaginar, con toda lógica, con el mantenimiento de la obligación de garantizar determinadas exigencias de interés general, que la dinámica del mercado, sólo atenta por su propia esencia a la obtención de lucro, no asegura por si sola. Ello exige adoptar decisiones estrictamente políticas y no de técnica económica, como algunos parecen hacer creer. Se trata, en efecto, de asegurar la universalización de concretos servicios extendiéndolos a determinados sectores de la población con tarifas razonables; se trata también de asegurar que haya servicios que se presten en todo el territorio, en condiciones similares, con independencia del coste del tendido de las infraestructuras y de su futura rentabilidad. No se puede admitir que se creen desequilibrios territoriales dejando que la dinámica del mercado sólo atienda sectores o territorios rentables.

Pero todo, ello presenta dificultades, a la hora de llevarlo a la práctica. La primera consiste en la determinación de aquellos servicios que deben tener carácter universal -se piensa que son los que satisfacen necesidades indispensables-, pero aquí puede ocurrir como pasó en su día con la electricidad en los EE UU, que empezó siendo considerada como un bien de lujo para reputarse de estricta necesidad poco después. La determinación de este aspecto es de naturaleza política y no puede adoptarse ya aisladamente por cada Estado, dada la internacionalización de la economía, sino que debe de hacerse en el plano comunitario y con un idea común acerca del tipo de Estado de bienestar que se quiere mantener, lo que constituye precisamente un motivo adicional de debate en la actualidad.

La cuestión se complica todavía más con la tensión que subyace enel proceso de liberalización entre la apertura a la competencia, por una parte, y la plena conciencia de que se van producir fenómenos de concentración, que no sólo parecen inevitables, sino que hasta llegan a presentarse como deseables. Liberalización y concentración pueden parecer conceptos contradictorios y sin embargo, están en la raíz misma de la dinámica liberalizadora. Finalmente, esta cuestión del pluralismo, también en tensión, ya que se habla de una sociedad de la información que debe de garantizar el pluralismo de las fuentes de información sin que las operaciones de concentración que se avecinan deban, en ningun caso, suponer una amenaza para el pluralismo de las fuentes de información.

Estos son los grandes temas que están debajo del actual debate: no son temas propios de iniciados, sino temas tan viejos como las tensiones entre los requerimientos del mercado y la preservación de intereses de carácter general. Por eso es importante su clarificación, acercándolo a los ciudadanos. Desde la sociedad civil, quienes estén interesados en estas cuestiones deben abrir foros de debate, congresos y seminarios, que acerquen el problema y su comprensión a los ciudadanos, disipando los aspectos críticos con que a veces se presenta.