Una reforma de interés nacional

El 24 octubre, el Consejo de Ministros de la UE inició el debate político sobre la propuesta de reforma de la Organización Común de Mercados (OCM) de frutas y hortalizas. Desde entonces, comenzó un rosario de descalificaciones, que conducen a la exigencia de que el Gobierno vete el proyecto de reforma. El Gobierno, ante estas críticas, ha hecho una primera valoración en la que considera las propuestas de la Comisión como un razonable elemento de partida, mejorable y negociable, pero con una orientación general de interés nacional.Quizá sea conveniente ilustrar a los lectores no iniciados que una OCM es un conjunto de normas, (régimen de intervenciones, ayudas, comercio exterior, etcétera) que para cada uno de los productos o grupos de productos agrarios se establecen en la Política Agrícola Común (PAC) con el objetivo de salvaguardar tanto las rentas de los agricultores como los intereses de los consumidores. En todo caso, las ayudas y mecanismos de intervención son elementos auxiliares en la formación de la renta de los agricultores, ya que el objetivo fundamental es que la misma se obtenga por la venta de sus productos en el mercado.

Otro elemento que hay que recordar, y que la experiencia eleva a la categoría de axioma, es que ante los diversos modelos de cada OCM, siempre los Estados miembros que se consideran más eficaces respecto a un determinado sector, desean unas reglas ligeras que les permitan imponerse en el mercado por su mayor competitividad, mientras que aquellos que no se consideran tan eficaces, desean modelos basados en cuotas, ayudas con claves de reparto nacionales...

La pequeña historia de la reforma de la OCM de frutas y hortarizas se inicia con el acuerdo final sobre la Ronda Uruguay del GATT. No sólo por motivos de interés general, sino también por propio convencimiento, la Unión Europea convino en que, sin renunciar al principio de preferencia comunitaria, una mayor apertura al exterior en los mercados agrarios era un elemento de salubridad que permitiría mantener el dinamismo del sector agrario europeo. Los compromisos en todos los sectores, incluido el de frutas y hortalizas, han sido ya firmados y son inamovibles, y lo que pretende la reforma ahora presentada es una mejor y más eficaz adaptación del sector de frutas y hortalizas europeo a esta apertura de los mercados.

En los productos continentales ya reformados (cereales, carne de vacuno, productos lácteos...), la adaptación se realizó mediante una reducción significativa de los precios de mercado y la concesión de una ayuda por hectárea o por cabeza de ganado desvinculada de la producción. Esta orientación fue posible no por ser productos continentales, sino por el carácter de commodities que tienen en el mundo.

Por el contrario, para las frutas y hortalizas, la adaptación, no pretende una disminución real de los precios de mercado, sino concurrir con productos de importación con la renta de situación y de calidad que tiene la producción comunitaria, y para ello es el sector productor, debidamente organizado, el que tiene que asumir el protagonismo de adaptación a las exigencias del mercado.

Para ello, la propuesta concede a las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) el auténtico protagonismo en el mercado, mediante la constitución de un fondo operativo, con participación privada y pública, que permita esa adaptación a las exigencias del mercado compatible con el mantenimiento de las rentas. Paralelamente, se reconducen los sistemas de retiradas a su condición de último recurso excepcional en la regulación, desincentivando un sistema que había conducido a nichos donde, con fondos públicos, se financiaba la destrucción de hasta el 70% de la producción de algún Estado miembro.

En la UE el sector hortofrutícola español es el de mayor importancia relativa -27% de su Producción Final Agraria (PFA)-, pero no lo es en valor absoluto ya que se encuentra superado por Italia. En todos los Estados existe un sector de cierta importancia, incluso en los países no mediterráneos.

Lo que, eso sí, da al sector hortofrutícola español una característica especial y singular, es su vocación de exportación, con lo que esto significa de dinámismo, generación de valor añadido, capacidad de adaptación a los mercados, etcétera.

Desde la integración de España en la UE, nuestras exportaciones de frutas y hortalizas a la UE han crecido espectacularmente. Comparando los envíos de 1994 con la media de los dos años previos a la adhesión, se observa un crecimiento del 40% para los cítricos, del 110% para las frutas dulces, del 1.50% para las otras frutas y del 90% para las hortalizas.

En lo que se refiere a la política de retiradas, España no es un país que haga uso importante de este tipo de medidas de sostén. Por citar solamente algunos ejemplos y utilizando datos medios de las tres últimas campañas, podemos constatar que en manzanas se retiró el 14% de la producción comunitaria, pero Grecia el 34% de su producción, Francia el 29%, Holanda el 20%, Bélgica el 18% y España el 10%. En melocotones, con una media comunitaria del 23%, Grecia retiró 0.61%.de su producción, Francia el 18%, Italia el 8% y España el 5%. En tomates, con una media del 1,2%, Holanda retiró el 5%, Francia y Bélgica, el 2% y España e 0,1% (sólo en limones tenemos un porcentaje de retiradas superior a la media).

Estos datos tienen su reflejo en términos presupuestarios, de tal forma que en el gasto comunitario en concepto de retiradas las de Grecia suponen cerca del 40% del total, las de Italia y Francia más del 20% cada una, y las de España solamente el 10%.

A la vista de estas cifras, y ante la propuesta de reducción de los precios de retirada prevista en la reforma, hay que preguntarse a quién perjudica esta reducción, si a los países que recurren puntual y coyunturalmente a la. retiradas o a los países que realizan retiradas permanentes y estructurales.

Reivindicaciones

Por otra parte, la propuesta de reforma incluye algunas de las reivindicaciones o peticiones históricas españolas. Así, por ejemplo, para los productos con retirada se amplía el calendario a todo el año, cuestión de especial incidencia en nuestro tomate de invierno. Igualmente, se posibilita la retirada a través del fondo operativo para productos que no tenían precio de intervención, aspecto que será muy importante para regular nuestra campaña de fresas. En frutas y hortalizas transformadas se mantiene prácticamente el modelo anterior e incluso se avanza en la buena dirección permitiendo la movilidad de las cuotas nacionales de tomate. Finalmente, recoge, aunque no con la rotundidad que habríamos deseado, el tratamiento específico para los productos sensibles de incidencia regional afectados por una fuerte concurrencia internacional, como es el caso de los ajos y espárragos en conserva.El Gobierno ha considerado que la propuesta es una buena base de trabajo para llegar a un acuerdo que defienda los intereses nacionales. Pero, con el fin de lograr una mejora de la misma, pediremos que el fondo oerativo sea lo ágil para que las OPFH asuman el protagonismo en la regulación del mercado que se pretende; estaremos atentos a que el periodo transitorio sea lo suficientemente amplio y emandaremos que la financiación pública del fondo operativo se haga con fondos comunitarios.

Mantener posturas eclécticas o contradictorias, transmitir la idea de un rechazo global de la propuesta por parte de la profesión y de la sociedad española o presionar excesivamente al Gobierno con peticiones maximalistas, puede conducir a debates interminables y al fracaso de la propuesta. Quizá es lo que algunos quieren. ¿Por qué?