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Ingenieros y abogados, los que peor lo tienen

Para poderejercer la profesión en un país vecino, cada Estado de la UE exige una serie de trámites. En el caso español, la aceptación de ese profesional depende del ministerio correspondiente (Justicia para los abogados, Sanidad para los médicos...) y siempre previa presentación de un certificado académico del país de origen.Las actividades con mayores dificultades de movilidad son las de ingeniería y las jurídicas, debido, en las primeras, a la diversidad de formaciones iniciales de los distintos países, y, en la segunda, a la necesidad de que los juristas conozcan el derecho positivo del país que les acoge.

En relación con el conflicto sobre la carrera de Derecho en España no procede ampararse en ninguna directiva europea por que no existe. El Consejo Generalde la Abogacía, apoyándose en unas pretendidas exigencias comunitarias propuso en su -VI Congreso celebrado en La Coruña que se exija a los nuevos licenciados dos años obligados de pasantías o de formacion en escuelas de práctica jurídica y un examen de acceso a la Profesión.

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La UE no condiciona el ejercicio profesional en otro país de la Unión

La actividad jurídica, al igual que todas las restantes, tiene ya su título homologado y sólo falta que los países de la UE procedan a un acercamiento entre el valor académico del título y el de la profesión.

Mientras los estudiantes de Derecho ya han manifestado su protesta contra las conclusiones de La Coruña, algunos colegios de abogados como el de Madrid han echado marcha atrás y se mantienen en una cierta expectativa ya, que el Consejo de Universidades ha declarado abiertamente que cualquier ejercicio de prácticas que se derive de una titulación habrá de depender de las universidades, ya sea durante el último ciclo de la carrera o una vez finalizada ésta. Aunque, según la normativa vigente, toda titulación académica española habilita automáticamente para el ejercicio profersional.Trabas a juristas extranjeros

Hay 400.000 abogados en los Quince, la cuarta parte, españoles. Austria, Luxemburgo y Alemania son los países que mayores trabas ponen al ingreso de juristas extranjeros porque, en sus programas, la duración media de la carrera es de ocho años. Desde el punto de vista de la normativa europea, la carrera de Derecho española es un producto terminado. Pero, para todos los profesionales, el desconocimiento del derecho positivo de un país extranjero ha hecho que funcione ya la exigencia al profesional acogido de una prueba de acceso a la actividad, excepto Dinamarca que requiere un periodo de prácticas.

El título español, tal y como está configurado, es tan válido como su homónimo de otro país y toda. exigencia para la homologación profesional no está ligada al inicio inmediato de la profesión, sino que cualquier profesional, pese a su solera, tiene que pasar por las prácticas o pruebas específicas ya citadas.

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