Cataluña abre

SE HA afirmado hasta la saciedad que las elecciones catalanas serán unas primarias de las generales previstas para el primer trimestre del año próximo. También se ha subrayado, y con razón, que será la primera ocasión en que unos comicios autonómicos se celebren en clave más española que propiamente catalana. Las vacilaciones sobre la fecha de su convocatoria -antes o después de las generales- y el hecho de que coronen la etapa política ya cerrada de apoyo de los nacionalistas catalanes al Gobierno de Felipe González han contribuido a dar un sentido global español a esta elección, en la que se juega el carácter y color del Gobierno de Cataluña a partir del 20 de noviembre.El inicio de la campaña electoral oficial, la pasada, madrugada, permite subrayar algo tan obvio, como necesario de recordar, y es que la finalidad primera de una convocatoria como ésta es que los ciudadanos de Cataluña hagan balance de la acción del Gobierno y la oposición durante la pasada legislatura, conozcan los programas e intenciones de los candidatos para la próxima y voten luego en conciencia para expresar la voluntad popular. Los otros significados múltiples que tiene toda elección, como anúcipo de conductas futuras o como síntoma de situaciones, políticas más generales, no deben hacer perder de vista que las campañas electorales tienen que centrarse en el ámbito político en que se realizan.

Además de motivos de lógica elemental hay otras razones para desear que la campaña electoral catalana trate fundamentalmente sobre el presente y el futuro de Cataluña. No tiene nada que ver con la realidad ese análisis tan en boga que centra todo el interés de los ciudadanos en la gobernación del Estado, como si fuera el único ámbito donde se produjeran fenómenos indeseables que requieren su erradicación y el único lugar donde se juega el auténtico poder político. Ni una cosa ni la otra son ciertas.

Cataluña no es un oasis en medio de un desierto español de corrupciones y mala gestión. La autonomía catalana tiene problemas muy serios e importantes que exigen un debate en la campaña electoral. Sin ir más lejos, y en relación con la convergencia nominal que exige la Unión Económica y Monetaria, hay que recordar que la deuda real de la autonomía catalana (suma de la deuda emitida más el déficit no financiado) es de 1,2 billones de pesetas. La eficacia de su Administración, el control y utilización política de sus medios de comunicación públicos y de la publicidad institucional, el modelo de despliegue de la policía autonómica, la política lingüística, los grandes proyectos de infraestructura cultural y, por supuesto, los nada infrecuentes casos de corrupción descubiertos en sectores importantes de la Administración son cuestiones que han suscitado controversia en la última legislatura y que no pueden desaparecer de la campaña, bajo pretexto de que los comicios catalanes son un mero ensayo para los partidos ante las elecciones generales de 1996.