Los futuros abogados, contra la pasantía obligatoria y una reválida profesional

El VI Congreso de la Abogacía Española, celebrado recientemente en La Coruña, acordó que, en el futuro, los licenciados que pretendan iniciarse en la profesión tengan quesuperar una "prueba de capacitación profesional" y realizar previamente un periodo de pasantía de des años o dos cursos en una escuela de práctica jurídica. El ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, remitió la decisión a la consulta con la Universidad. Los alumnos se oponen rotundamente, mientras cinco decanos consultados por este diario, aunque admiten la necesidad de una mayor formación práctica, rechazan tanto el examen como que esa formación no esté tutelada por las universidades.

"No a la pasantía obligatoria", "No a tener que realizar un examen de conocimientos después de la carrera". Así de rotundos se expresan los alumnos de derecho ante la posible obligatoriedad, tras la licenciatura, de un periodo de prácticas o pasantía de dos años y un examen posterior para poder ser abogados.La propuesta de implantar las prácticas obligatorias y el examen es una de las conclusiones del VI Congreso de la Abogacía. Representantes de alumnos de toda España se reunirán a finales de esta semana en Sevilla para decidir el calendario de movilizaciones que tienen previsto inaugurar a primeros de noviembre y la posibilidad de convocar una concentración nacional y manifestaciones de protesta.

De momento, estos estudiantes se van a dedicar a informar a sus compañeros (hay cerca de 300.000 alumnos de derecho en 45 centros públicos y privados españoles), sobre todo a los más novatos. "Los de los primeros cursos no tenemos ni idea. Acabamos de llegar y nadie nos había informado de nada ni en los institutos ni a la hora de hacer la inscripción", dice Cristina Muñoz, de 17 años, que acaba de estrenarse en primer curso en la Universidad Complutense de Madrid. "Llegarnos aquí, vemos esto muy negro y lo primero que pensamos es que nos van a aumentar en dos años la duración de la carrera", añade Rosa Hervás, compañera de Cristina. Las dos están dispuestas a apuntarse a cualquier movilización "para que se aclare en qué condiciones vamos a salir de las facultades"'.

Títulos de segunda

Los alumnos de los primeros cursos temen que se modifique la carrera y quedarse en desventaja respecto a los titulados que recibieran una formación más práctica, pasando, por tanto, a disponer de un título de segunda categoría.

Los futuros abogados piden que se reformen los planes de estudios incluyendo las prácticas en la propia carrera, ampliándola a cinco años; que no afecte la decisión que se adopte a los actuales estudiantes; que a éstos se les faciliten prácticas a partir del cuarto curso; que se fomenten carreras de grado medio alternativas; que la Administración concierte las prácticas con entidades públicas y privadas y que se cuente con los alumnos en las negociaciones. También solicitan que se tenga en cuenta la situación, a la hora de exigir unas prácticas, de los licenciados que no quieren ejercer la abogacía, que suponen, según afirman, entre un 35% y un 40%.

La Universidad Complutense de Madrid se lleva la palma de la masificación. Tiene 20.000 estudiantes de derecho que tardan una media de siete años en terminar la carrera. "Mucha gente escoge esta carrera como complemento a otro trabajo o para ascender en la Administración, y aquí el problema es que lo que quieren hacer desde la Administración y los colegios de abogados es cortar el grifo", señala María Jesús Huertas, presidenta de la asociación Coalición de Delegados, que pertenece a esta masiva facultad. Están en contacto con representantes de 22 de los centros en los que se imparte derecho y son los precursores del congreso de Sevilla.

Estos jóvenes proponen que se dedique "la mitad de la carrera a la formación más teórica y que la otra mitad sirva para especializarse, tal y como se hace en otros países como el Reino Unido", apunta Julián, un alumno de cuarto curso.

El representante de la Universidad de Alcalá de Henares, José Carlos Reguilón, menciona como ejemplo que los nuevos planes de estudios de su centro constan "de dos años de formación general, y los otros dos, de especialización en derecho público, privado o de empresa".

"Es muy necesario que se introduzcan prácticas porque en comparación con otras universidades europeas estamos en desventaja y desconectados de la práctica". Luis Ignacio Martínez Alías ha sido hasta este año presidente de la asociación europea ELSA (European Law Students Association), que cuenta con un programa de intercambio de alumnos españoles de esta disciplina con los de otros países para realizar prácticas en despachos de abogados de otros países.

"Hay un estancamiento muy claro de la Universidad española. En España se considera muy poco a los alumnos de derecho, tanto a nivel social como en el tratamiento que se nos da en el sistema educativo", opina Luis Ignacio. "Y hoy día es imprescindible que se establezcan mecanismos de contacto entre los centros, los despachos de abogados y las empresas; que se imparta inglés jurídico en las facultades o que se lleve a los estudiantes a asistir a juicios. Esto se hace muy poco; es la excepción y debe ser la norma

Este alumno de quinto de derecho considera que la pasantía "puede ser una vía para disponer de mano de obra gratuita en los despachos de abogados" y cree que "sería preferible que se establecieran las prácticas durante la carrera, a partir de tercero". "Lo que es absurdo", añade, "es estudiar, por ejemplo, derecho penal en tercero y no practicar lo aprendido hasta tres años después, como se haría con la pasantía". Estas dos últimas cuestiones están en boca de todos.

"Hay grandes despachos que están teniendo la desfachatez de pedir unas 25.000 pesetas al mes para poder hacer las prácticas en ellos", cuenta Agustín, un alumno de cuarto. "Las escuelas de práctica jurídica son caras y sólo admiten 30 alumnos, y si no eres de familia de abogados es difícil que te cojan en un despacho y esto es la selva", dice Marta.

Antonio Fernández, delegado de facultad de la Universidad de Extremadura, cree que "puede haber intereses sospechosos si se dejan las prácticas y el examen en manos de los colegios de abogados porque se podrían acreditar las prácticas de algún licenciado sin que las hubiera hecho". Este representante dice que no estaría de acuerdo con ir a la huelga "porque es la medida que más perjudica a los alumnos", pero sí con convocar una manifestación de protesta.