La crisis fiscal del Estado

La crisis fiscal del Estado se ha planteado una vez más en la penúltima polémica sobre el sistema de pensiones. Para considerar la extensión del problema conviene acudir a la opinión que tiene la sociedad española. Según Joaquín Arango, director del CIS, un estudio realizado en 22 países revela que los ciudadanos españoles somos de los más favorables a que el Estado resuelva las desigualdades, pero de los menos dispuestos a financiar esa labor con nuestros impuestos; aunque consideramos que el Estado debe paliar las desigualdades y garantizar un empleo a todo aquel que desee trabajar, estamos, por otro lado, muy poco dispuestos a financiar estas actividades con nuestros gravámenes; España es uno de los países donde la presión fiscal se percibe como más alta. "El español es un estatalista incoherente", afirma Joaquín Arango.El Estado se ve, pues, atrapado entre las continuas demandas de mayores gastos sociales y la resistencia creciente de los ciudadanos a pagar más impuestos. Ésta es la historia de la política económica reciente: los intentos de racionalizar el problema, o bien reduciendo los niveles de gasto público (fundamentalmente del gasto social), o bien aumentando los impuestos. Ambos términos de la disyuntiva están mostrando una gran inelasticidad. A. pesar de los ardores derrochados por los Gobiernos (sobre todo por los Gobiernos conservadores), el gasto Público ha manifestado en la generalidad de los países europeos una resistencia a la desaceleración y en ningún caso se ha producido nada parecido al desmantelamiento del Estado del Bienestar. En cuanto a los impuestos, se ha extendido entre los ciudadanos (entre los que pagan sus gravámenes y no defraudan) una sensación de agobio ante los continuos requerimientos de la Hacienda así como se han desarrollado estrategias de resistencia..

Se trataría, pues, de buscar vías alternativas de financiación. Y a ello ha dedicado sus esfuerzos uno de los economistas más sensatos de este país, José Víctor Sevilla (el primero de los grandes caídos del socialismo: cesó como secretario de Estado de Hacienda, en la etapa de Miguel Boyer, por estar en desacuerdo con la opacidad fiscal de los pagarés del Tesoro). Sevilla ha realizado un estudio, denominado ¿Hacia un nuevo estado patrimonial?, en el que estudia las soluciones clásicas ' a la crisis fiscal del Estado, planteando de paso una nueva. Persistir en los aumentos de presión fiscal a través de los impuestos generales parece imposible ante la resistencia de los ciudadanos; financiar el déficit mediante inflación (una tasa de inflación suficientemente elevada permitiría aligerar el coste de la deuda, lo que constituye uno de los componentes fundamentales del gasto público) no es aceptado por los mercados financieros ni por las restricciones que impone el Tratado de Maastricht; la aplicación de precios o tasas en la prestación de determinados servicios; públicos (como la sanidad o la educación) tiene la oposición abierta de las fuerzas de la izquierda y la -no tan abierta- de muchos políticos, incluidos los de la derecha.

Sevilla propone el establecimiento de precios por el uso de los recursos naturales- y del capital histórico acumulado de generación en generación, entrando así el Estado en la distribución primaria de la renta. "El Estado sería una especie de albacea del legado de progreso de las generaciones anteriores, así como el custodio de los recursos naturales y, como tal, tendría el derecho a participar en la distribución de la producción". Esta propuesta debería servir para el debate sobre el Estado del Bienestar, fuera de cauces ya agotados.