Apertura en Cuba

LA RECIENTE aprobación de una ley de inversiones extranjeras, tras más de un año de debate, constituye un paso de gran significación en la dirección de la definitiva integración internacional de la economía cubana. Las inversiones extranjeras que han tenido lugar durante estos últimos años de tímida apertura -una parte significativa de ellas, de origen español- han dispuesto de tanta discrecionalidad en su autorización como complejo amparo legal. El decreto-ley de 1982 sobre inversiones foráneas era, en realidad, una disposición reguladora de la creación de empresas mixtas, en las que los extranjeros no podían disponer de más del 49% de la propiedad de la empresa en cuestión. El ministerio del ramo estaba, de hecho, concebido para coordinar los proyectos con las economias del bloque soviético.La nueva ley abre a la propiedad extranjera la práctica totalidad de los sectores económicos, con la excepción de educación, salud y defensa; garantiza la transferencia de beneficios y las compensaciones por expropiaciones; admite la posibilidad de que la titularidad del capital sea completamente de extranjeros y deja la puerta abierta a las inversiones de exiliados, tras un debate en el que el propio Fidel Castro se alineó con los más aperturistas frente a cualquier tipo de discriminación por razón del origen de las inversiones.

La paradoja, síntesis de las contradicciones generadas por el proceso de apertura, es la imposibilidad legal de que los propios residentes actuales en Cuba participen en la propiedad de las empresas. Aun cuando esta nueva legislación coexiste con importantes obstáculos estructurales, como la obligación de contratar trabajadores a través de las agencias estatales; su homologación con las regulaciones existentes, en economías de mercado es algo difícil de minimizar.

A pesar de la retórica oficial, aquel país ha dado pasos importantes, en la dirección de la transformación de un sistema económico cuya ineficiencia está sacrificando gran parte de las ventajas sociales diferenciales de que disponían los ciudadanos cubanos. La necesaria continuidad en el proceso de liberalización de aquella economia, su credibilidad frente a la comunidad económica y financiera internacional, exige que esa mayor disposición a la transformación del sistema económico disponga de un respaldo legal más amplio: el reconocimiento explícito de las instituciones propias de una economía de mercado.

El cárácter numantino que todavía sigue exhibiendo la retórica oficial y las resistencias a la introducción de reformas de mayor calidad o en el sistema económico y político cubanos tienen en la actitud oficial estadounidense uno de sus principales elementos de legitimación interna.

El mantenimiento del bloqueo sobre la isla constituye uno de los más explícitos anacronismos en la política exterior norteamericana, sin más justificación que esas, al parecer, cuantiosas contribuciones económicas de algunos sectores ultraconservadores de exiliados a las campañas electorales de algunos presidentes estadounidenses. Presiones que afortunadamente se encuentran cada día más aisladas de respaldo por la propia comunidad de cubanos en EE UU y, desde luego, por los empresarios estadounidenses, que presencian cómo sus competidores canadienses, mexicanos, europeos o japoneses se aprestan a tomar posiciones en esa economia. Están en lo cierto aquellos sectores empresariales estadounidenses que denuncian el mantenimiento del bloqueo, en contraste con la actitud mantenida con Vietnam, por ejemplo.

Siendo cierto que ese bloqueo no es la causa mas importante de las dificultades económicas en Cuba no lo es menos que su mantenimiento constituye un impedimento para la definitiva transición de aquel país a un sistema de libertades y para el aprovechamiento de sus potencialidades para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.