¿Está el Estado español en quiebra?

¿Por qué, si las elecciones serán en marzo, no prepara el Gobierno un Presupuesto alegre (menos riguroso), que acompañe a la recuperación? De esta forma utilizaría las cuentas públicas con un sentido común electoral y daría gusto a sus hipotéticos acompañantes en el voto de las Cortes. ¿Por qué presenta ahora el Gobierno, poco antes de que se abra la precampaña electoral real, un ajuste dramático en el sector naval que va a dar lágrimas a los implicados, pero también muchas preocupaciones al Ejecutivo?En definitiva, ¿por qué el presidente del Gobierno, Felipe González, ha escogido el calvario económico en los estertores de esta legislatura, en vez de engrasar -en su beneficio- con la economía las asperezas de la política? González ha olvidado los dichos tan promisorios de "después de mí, el diluvio" o el que venga detrás que arree" -con la perspectiva más que posible de que quien llegue sea un Partido Popular que, además, sigue silbando cada vez que se le pregunta por sus intenciones económicas- y pretende poner coto al sector público en coherencia con lo que necesita para estar presente en la unión económica y monetaria.

Esta decisión, que necesita de unos Presupuestos muy sacrificados, intenta corregir algunos de los desequilibrios a los que se ha llegado en los últimos tiempos, aunque haya sido con afanes bienintencionados de redistribución o con la finalidad de dotar a los ciudadanos de un mínimo Estado del bienestar.

Al comienzo de la década de los ochenta, el nivel de la deuda pública española era de 2,8 billones de pesetas (el 18,4% del producto interior bruto), lo que supone más de un millón de pesetas por ciudadano; tal incremento en el endeudamiento público ha ido acompañado de un crecimiento de la presión fiscal de 10 puntos del producto interior bruto. Un aumento de la presión- fiscal del 37% y una deuda pública 15 veces superior es el resultado de la expansión del sector público, que de representar en 1980 el 33% del PIB ha pasado a absorber el 50% del mismo. Y, pese a estas cifras, todavía no hemos alcanzado los estándares de los países de nuestro entorno, en los que la presencia pública es superior.

Si a esta deuda explícita de las administraciones públicas se le suma la deuda implícita de la Seguridad Social, correspondiente a los compromisos derivados de las pensiones ahora en vigor y de los derechos adquiridos de los trabajadores actualmente cotizantes, la deuda total de las administraciones públicas sobrepasaría los 184 billones de pesetas, tres veces el producto interior bruto.

Estos cálculos y estas hipótesis han sido hechos públicos por los profesores José Barea y María Dolores Dizy, que acaban de sacar un libro titulado expresivamente ¿Está el Estado español en quiebra? En este texto hay una crítica de la política económica de los sucesivos gobiernos socialistas: "`El proceso secuencial déficit público-política monetaria muy restrictiva-tipos de interés elevados-entrada de ahorro exterior para financiar el déficit sobrevaloración del tipo de cambio de la peseta-fuerte déficit exterior-crisis y paro-aumento del déficit público, ha producido un proceso acumulativo de déficit público y de déficit exterior que ha destruido el tejido industrial español y ha tenido un efecto negativo sobre el crecimiento, provocando una fuerte crisis económica y una situación alarmante de paro".

Ahora, los Presupuestos pretenden dar marcha atrás, aunque su necesaria dureza sea, paradójicamente, motivo adicional para que los socialistas no ganen las elecciones.