La tentación divergente

LOS PRÓXIMOS Presupuestos Generales del Estado llevan camino de convertirse en banco de prueba dé la sinceridad del Gobierno y de la oposición política acerca de sus propósitos -que todos adiniten- de ajustarse al programa de convergencia con Europa. Nadie duda de la necesidad de reducir los desequilibrios que presenta la economia española. Las diferencias se manifiestan en los ritmos y las recetas.Las elevadas tasas de paro y de inflacion, asi como el abultado déficit público, muestran a las claras los males de que adolece la economía española. La recuperación de la economía está contribuyendo ciertamente a reducir el desempleo pero. a un ritmo más bien discreto. Y, en todo caso, la continuidad de esa mejora se encuentra amenazada por las dificultades para reducir la inflación y sanear las finanzas públicas. No avanzar lo suficiente en estos dos ámbitos situaría a, España ante aumentos adicionales en los tipos de interés y pérdidas de competitividad de sus empresas. La importancia relativa de estos desequilibrios es significativamente superior en el caso español que en el de aquellas economías europeas que serán punto de referencia en el momento de evaluar nuestras posibilidades de integración en la Unión Monetaria.El inicio de esa fase que conducirá a la moneda única no tendrá lugar muy probablemente antes de enero de 1999,pero la evaluación de las condiciones de convergencia nominal de los Estados miembros de la Unión se llevará a cabo a lo largo de la primera mitad de 1988, con los datos del déficit y la deuda pública correspondientes a 1997. Sobre esa base es necesario considerar las propuestas de aplazamiento de los objetivos de reducción del, déficit público establecidos en el programa. de convergencia -hasta el 4,4% del PIB en 1996 y 3% en 1997- que, por razones distintas, defienden el Partido Popular y Convergencia i Unió.

El PP ya ha anticipado que, de llegar al Gobierno, la reducción del déficit público al 3% no se alcanzaría en 1997, sino un ano más tarde. Las razones para ello radican en el convencimiento de que las cifras de déficit de las. administraciones públicas que el Gobierno difunde no son las reales, y, en consecuencia, el verdadero punto de partida es peor que el que conocemos. Si así fuera, estaríamos ante un problema distinto al asociado a esa tentación divergente que la proximidad electoral parece determinar en CiU, pero su trascendencia política y económica no sería menor. Por el bien de todos es necesario que, cuanto antes, PP y Gobierno traten de conciliar Sus respectivos registros, o estimaciones.

Las objeciones no son precisamente de naturaleza contable en el caso de CiU, cuando coincide con el PP en diferir ese objetivo. Si además del necesario ajuste presupuestario, tomamos en. consideración algunas de las no por tópicas menos necesarias reformas estructurales pendientes, la paradoja la tendremos, una vez más, servida: la defensa de la ortodoxia y el rigor, junto, a las profesiones de fe en la economía de mercado y en el europeismo, casan mal con la tentación divergente que se manifiesta en CiU. La postergación de ese objetivo de reducción del déficit público estaría socavando la salud de esa- economía productiva a la que con, tanto celo se atiende en los enunciados programáticos de los nacionalistas catalanes: se estaría propiciando el endurecimiento adicional de las condiciones, de financiación de las empresas y familias.

Si cabía alguna duda sobre -la necesidad de sanear las finanzas públicas, las advertencias y recomendaciones del Ecofin han terminado de, despejarlas. El Consejo de Ministros de Finanzas ha recordado la vinculación existente entre los objetivos de reducción del déficit fijados en el programa de convergencia y la continuidad en la percepción de los Fondos de Cohesión, cuya cuantía pata España superará en 1996 los 200.000. millones de. pesetas. El Ecofin ha coincidido sustancialmente con los propósitos del Gobierno en sus recomendaciones sobre la principal partida en que podría concretarse la reducción del gasto: el capítulo de subvenciones y deducciones fiscales a empresas y particulares cuya elevada cuantía no se Corresponde con su eficacia. Junto a ello, la reducción del empleo en el sector público, la lucha contra el fraude fiscal y la persistencia en el proceso de privatización de empresas públicas contribuirían, según los Quince, a que se mantuviera la senda prevista hacia un déficit público del 4,4% del PIB a finales de 1996, compatible con el objetivo del 3% a finales de 1997.

La economía española se encuentra en una difícil encrucijada. De cómo se salga de ella dependerá no sólo la participación plena en la Unión Monetaria Europea, sino la definitiva eliminación de los obstáculos que impiden un crecimiento estable y sostenido. Postergar decisiones básicas, como la reducción de algunos capítulos de gasto público, sin menoscabo del respeto a los compromisos asumidos, o la aplicación , de necesarias reformas en algunos sectores y mercados, entraña hoy una. gran responsabilidad política. Sus implicaciones más adversas no pueden ser objeto de intercambio por supuestas ventajas electorales,