Ocho ONG piden que España prohíba las minas militares

Ocho ONG (organizaciones no gubernamentales) pidieron ayer al Gobierno español que prohíba la fabricación y exportación de minas militares, artefactos que matan a una persona cada 20 minutos en el mundo. El único país que ha prohibido esa industria es Bélgica. Greenpeace, Intermón, Unicef, Médicos Sin Fronteras, Acadica, Manos Unidas, Cear y Servicio Jesuita a Refugiados presentaron ayer una campaña para la prohibición.España estableció en 1994 una moratoria en la exportación de minas antipersonales. Pero esa moratoria se viola: Greenpeace, bajo nombre supuesto, fingió negociar en los mercados armamentísticos de París y Londres del año pasado y Explosivos Alaveses (Expal) le ofreció minas. Greenpeace publicó ayer un informe en el que denuncia que Expal pertenece a Unión Española de Explosivos (UEE), recientemente vendida a la holandesa Pallas Investment.

Fondos FAD

Otras empresas españolas implicadas en el mercado de minas son Explosivos de Burgos (EDB), Fabricaciones Extremeñas (FAEX), Explosivos Río Tinto (ERT), ITSA. UEE, Expal, EDB, CASA, Bazán, Santa Bárbara, Instalaza, Inisel, ENOSA, Esperanza y Cía, SAPA y Star están integradas en Defensa y Exportación (DEFEX), con trolada por el INI y beneficiaria de Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD). "No hay cifras oficiales españolas de' ese mercado dice Carlos Bravo. "Cuando preguntas invocan el secretismo".

Se estima que hay unos 200 millones de minas en el mundo, la mitad de ellas ya plantadas y listas para explotar. La mayoría no son detectables. Países como Angola y Camboya tienen hipotecado su futuro por ellas: todo su sistema agrícola y ganadero, y sus vías de comunicación, están condenados por la terrible incógnita que para sus habitantes supone el miedo a dónde ponen el pie. "El 50% de los muertos son niños", señala Francisco González Bueno, vicepresidente de Unicef-España. "La población de los países desarrollados, al contrario de lo que sucede con el tema del narcotráfico, lo ignora todo de la exportación que se realiza a los países pobres".

"Si la opinión pública presiona", dice Carlos Bravo, responsable de Greenpeace para la campaña, "podemos lograr que en septiembre próximo se firme en Viena, en la Conferencia de Revisión de la Convención de Armas Inhumanas, la prohibición total de las minas".

"El coste de desminar es mil veces mayor que el de minar", plantea Olaf Valverde, de Médicos Sin Fronteras. "Nosotros vemos los efectos directos: muerte, invalidez. Pero hay efectos indirectos más perversos. Países como Angola nunca van a verse libres de la amenaza, y hoy la población no puede desplazarse, y cuando lo hace en masa provoca un colapso en la capital Luanda.