Una manifestación desbarata una reunión de diplomáticos españoles en Colombia

El presidente de Colombia, Ernesto Samper, ordenó ayer una investigación sobre los excesos cometidos por la policía de Cartagena de Indias cuando ésta intentó frenar a un grupo de manifestantes que irrumpieron en una reunión de los embajadores de España en Latinoamérica y Estados Unidos. Los manifestantes protestaban por la privatización del acueducto de la ciudad, que controlará un consorcio encabezado por Aguas de Barcelona.La protesta por la privatización de las empresas de servicios públicos en Colombia estalló en la cara de los embajadores, reunidos en Cartagena de Indias. El jueves, recién iniciada la cumbre que preside el secretario de Estado para Iberoamérica, José Luis Dicenta -cuyo propósito es definir los nuevos matices de la cooperación entre España y la región, con vistas a la presidencia de la Unión Europea-, unos 200 trabajadores de la empresa de acueducto y alcantarillado de la ciudad, franquearon la guardia de dos vigilantes e irrumpieron en el patio colonial de la casona, sede del Centro Cultural de España, en dicha ciudad.

Lo que empezó como una manifestación pacífica, con algarabía y consignas contra el despido de 150 empleados que ocasiona el traslado de la operación de las empresas públicas al consorcio privado Aguas de Cartagena, encabezado por la compañía española Aguas de Barcelona, concluyó con un brutal desalojo por parte de la policía. Golpes a diestra y siniestra, cinco lesionados y enfático rechazo del embajador español, Carmelo Angulo, por la intervención "no solicitada" de los agentes.

Investigación oficial

El enfrentamiento "tardó sólo algunos minutos que se hicieron muy largos... Nuestro propósito era razonar con los manifestantes. Entre los diplomáticos se encontraban embajadores, como los de El Salvador y Guatemala, con gran experiencia en el manejo de conflictos", dijo Angulo. El impacto por la desproporción de la acción represiva contra los manifestantes fue tal que ayer el comisionado civil para la policía, Mario González, abrió una investigación y anunció "severas sanciones".

Fue una decisión "autónoma" de la policía, explicó el alcalde, Guillermo Panissa, quien regresó de Bogotá a Cartagena de Indias para afrontar la crisis policial.