La UE ofrece cooperación al Mediterraneo a cambio de reformas y estabilidad

Cooperación a cambio de estabilidad. Esta es, en resumen, la oferta que la Unión Europea (UE) hará a finales de noviembre en la Conferencia Euromediterránea de Barcelona a sus 12 socios ribereños del Mare Nostrum. A cambio de 750.000 millones de pesetas en cooperación en el próximo lustro, a repartir en la práctica entre ocho países, y de un monto equivalente en créditos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), los Quince pretenden nada menos que los países árabes liberalicen sus economías e introduzcan ciertas dosis de democracia para lograr así una mayor estabilidad política.

La Conferencia Euromediterránea es, probablemente, el acontecimiento más llamativo del semestre español al frente de la UE, pero no es una idea nueva surgida en los últimos meses. El proyecto empezó a esbozarse a finales de la década pasada. Se inspiró entonces en la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE), que, a partir de 1975, fomentó la distensión en el Viejo Continente. En esa CSCE, trabajaban para el Mediterráneo un diplomático español, Miguel Ángel Moratinos, y otros homólogos suyos de Francia, Italia y Portugal. En septiembre de 1990, el entonces ministro español de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, anunció el proyecto en público en Mallorca junto con su homólogo italiano, Gianni de Michelis, pero después se archivó.El Mediterráneo vivía entonces de lleno la crisis provocada por la invasión iraquí de Kuwait y a nadie le pareció oportuno el momento. Habría que esperar a que se pusiera en marcha el proceso de paz en Oriente Próximo para que resurgiera con fuerza la idea, aunque rediseñada geográfica y políticamente.

A la cita barcelonesa sólo han sido convocados por la Unión sus socios mediterráneos, los que tienen vocación de ingresar algún día en ella (Chipre, Malta y Turquía), e Israel y los países árabes ribereños (Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Jordania, Siria y Líbano), así como la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

Invitaciones restringidas

Numerosos países terceros han solicitado estar presentes al menos como convidados. En la lista de aspirantes a sentarse en segunda fila figuran desde Estados Unidos y Rusia hasta Suráfrica, pasando por Arabia Saudí, Albania y todos los países del Este de Europa y los bálticos. Felipe González sostuvo el martes en Cannes que, para garantizar la eficacia de la reunión, sería preferible ser muy restrictivo con las invitaciones.

González clausurará, probablemente, el 28 de noviembre la conferencia ministerial que habrá inagurado el Rey la víspera. El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, desempeñará también un papel protocolario, aunque tendrá más oportunidad de lucirse en el foro paralelo sobre el Mediterráneo que animarán organizaciones no gubernamentales, universidades y centros de investigación árabes, europeos e israelíes en la Ciudad Condal.

Al igual que la CSCE tenía tres cestos, el documento que los emisarios de la Unión han ido presentando hasta mediados de mayo en las capitales de sus socios mediterráneos se divide en tres grandes capítulos. El primero está dedicado a la democracia, la estabilidad y la seguridad. En él los Estados firmantes se comprometerían "al desarrollo del Estado de derecho, de la democracia" y de los derechos-humanos, algo que en cierta medida ya hicieron al suscribir, por ejemplo, la Carta de Naciones Unidas, pero que, después, la mayoría de los países árabes no pone en práctica.

El documento también incluye una renuncia al uso de la fuerza para solucionar los litigios, al tiempo que hace un llamamiento para que todos se adhieran al Tratado de No Proliferación Nuclear, que Israel se niega a acatar, y a los convenios sobre armas biológicas y químicas que los árabes no quieren suscribir mientras su vecino judío no renuncie al arma atómica.

Bajo el epígrafe Construir una zona de prosperidad compartida, el segundo capítulo es, a largo plazo, el que tiene más visos de aplicarse. Propone la creación de una zona de libre comercio entre la UE y sus socios y, para sentar las bases, insta a adoptar normas de origen y de competencias similares, normas óptimas de protección de la propiedad intelectual y a mejorar los sistemas de certificación.

El tercer capítulo, titulado Asociación en los ámbitos social y humano, es el que mejor ilustra las preocupaciones de la Unión con relación a los países árabes. En él los vecinos meridionales se comprometen a "multiplicar sus esfuerzos para reducir las presiones migratorias", a readmitir a sus nacionales que hayan salido de su país y a incrementar su cooperación en los controles fronterizos. En materia de drogas se les solicita además una "erradicación de los cultivos" y un "fortalecimiento del arsenal judicial de represión del tráfico".

Éste es el apartado que más reticencias ha suscitado en las capitales árabes, que consideran desmesurada la preocupación europea por la seguridad. Cada una, sin embargo, alberga temores específicos. El Cairo, por ejemplo, no desea adquirir grandes compromisos en materia de derechos humanos cuando está enfrascado en una lucha sin cuartel contra los islamistas, y Damasco y Beirut recelan de un foro del que sospechan que pueda ser utilizado por Israel para discutir de cooperación regional.

Argelia, el país árabe en el que el Estado tiene más peso en la economía, está inquieta por verse obligada a avanzar a un ritmo demasiado rápido hacia el libre comercio. Marruecos, por fin, teme que la relación específica que busca con la UE quede diluida en el revoltijo de Barcelona. Al final, sin embargo, todos acudirán a la cita, aunque es probable que intenten aguar el documento de la Unión.