Mucho ruido y pocas nueces en 1989

Portugal renunció a su primera presidencia de la Comunidad Europea (CE), que le correspondía a los pocos meses de su ingreso, pero el Gobierno español asumió la suya tres años después de su adhesión con el entusiasmo europeísta que caracterizaba a la España socialista de finales de la década pasada. La agenda de aquella presidencia del primer semestre de 1989 estaba mucho menos cargada que la que le espera a España en la segunda mitad de 1995. "Hubo mucho ruido y pocas nueces", recuerda un diplomático que desempeñó entonces un papel destacado.A lo largo del semestre español lograron el visto bueno del Consejo de Ministros de la Comunidad 45 directivas, siete reglamentos y 10 decisiones, en su mayoría relacionadas con la puesta en marcha del mercado único, que entró en vigor en 1992.

En la cumbre de Madrid, con la que concluyó en junio de 1989 la presidencia, fueron aprobadas sanciones políticas contra China por la matanza de estudiantes en la plaza de Tiananmen, y, a pesar de las reticencias de los Países Bajos, se adoptó una nueva resolución sobre Oriente Próximo en la que se recordaba que la Organización para la Liberación de Palestina debía ser considerada como un interlocutor en el proceso de paz.

El principal logro español consistió, como resaltó el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, "en haber puesto en marcha el proceso desencadenante hacia la Unión Monetaria", ahora prevista para 1999.

El principal fracaso español está también relacionado con la moneda. Al final del semestre, Felipe González quiso resaltar el compromiso de su Gobierno con la integración comunitaria e introdujo a una peseta sobrevaluada en el Sistema Monetario Europeo. Aquella decisión supuso un gran perjuicio para las exportaciones españolas, sólo paliado cuando, a partir de septiembre de 1992, se produjeron tres devaluaciones sucesivas.

Impulso insuficiente

En el balance que hizo ante el Parlamento Europeo, en julio de 1989, de la presidencia el entonces secretario de Estado para la CE, Pedro Solbes, que ahora desempeña la cartera de Economía, reconoció que el impulso dado por España a la Carta Social y a la Europa de los ciudadanos -la libre residencia para estudiantes y jubilados y el derecho de voto de los inmigrantes- había sido algo insuficiente. También lo fue en otros asuntos que, paradójicamente, debían interesar especialmente a España, como la protección del medio ambiente en las regiones mediterráneas.

Una de las voces más críticas con la gestión de España fue la del entonces eurodiputado popular, Marcelino Oreja, ahora comisario europeo nombrado por el Gobierno. A propósito de la Carta Social, acusó al Ejecutivo de haberse limitado a "marear la perdiz", una denuncia que secundó inmediatamente la Unión General de Trabajadores.