Atender al enfermo

EL CONFLICTO de los médicos del Insalud está peor que en punto muerto. Existe el riesgo de que se reactive con nuevos bríos y desde posturas maximalistas como si, tras seis semanas, empezara de nuevo. Así lo ha dicho días atrás uno de los dirigentes del sindicato convocante: "Después de 37 días, hoy comienza la huelga". A despecho de las 20.000 operaciones y el medio millón de consultas suspendidas en estas seis semanas. Esto no puede ser. Se impone un mínimo de cordura y de sentido común; de respeto a esa mayoría de ciudadanos que no puede pagarse un seguro médico privado en alguna de esas sociedades en las que dirigentes del sindicato convocante tienen intereses económicos.No puede ser que ante el aumento salarial de 30.000 pesetas mensuales para 1995 ofertado por la Administración y su compromiso de mantenerlo en los próximos dos años, la parte más dura del CESM siga imponiendo el inmovilismo más rígido y exija, como el primer día de huelga, una subida de 100.000 pesetas mensuales y además; sin contrapartidas de mejora asistencial que repercutan claramente en el tratamiento a los pacientes.

No es extraño que esta estrategia sindical que no va a ninguna parte, que pasa olímpicamente por encima de los derechos de los enfermos y que parece apostar por el enfrentamiento más que por la búsqueda de una salida razonable al conflicto, esté creando serias diferencias, incluso por motivos deontológicos, entre los dirigentes del sindicato médico. Esos campeones de la continuidad de la huelga, caiga quien caiga, están demostrando inmadurez e incompetencia.

Inmadurez como sindicalistas, por plantear el conflicto en términos de todo o nada, incompatibles con el principio de negociación; incompetencia por embarcar a miles de médicos en una aventura sin salida, convenciéndoles de que tenían al alcance de la mano algo que sencillamente no es posible. Una subida de 100.000 pesetas es inasumible para cualquier Administración, socialista o del PP. Si el Insalud cediera y aceptase esa reivindicación, desencadenando una escalada de subidas en la función pública incompatible con los objetivos de reducción del déficit público, estaríamos en contra; el ministerio asumiría una grave responsabilidad de la que tendría que dar cuentas; pero a su vez, sería una prueba de responsabilidad que los partidos de la oposición, y en primer lugar el que ya gobierna en la mayoría de los ayuntamientos y comunidades, se pronunciaran claramente sobre este punto.

La Administración es, sin duda, responsable de muchas de las deficiencias que afectan a la sanidad pública, pero ello no puede convertirse en coartada para continuar la huelga. Si hubiera que esperar al arreglo de esas deficiencias es posible que la huelga no tuviera fin. Esta huelga fue convocada por motivos estrictamente económicos y no por afanes reformistas del sistema sanitario público. Y hay que reconocer que la única parte que ha dado algún paso en ese sentido ha sido la Administración.

Acabar con la huelga depende, sobre todo, de quienes la han convocado. Existen abundantes indicios, por lo demás, de que se está desarrollando de forma dudosamente legal: incumpliendo a veces los servicios mínimos y con paros rotatorios que magnifican el daño al paciente y, minimizan el coste para los huelguistas. Los pacientes han pasado a ser auténticos conejillos de Indias en un conflicto que más que una huelga, sometida a determinadas exigencias legales, aparenta ser un pulso de naturaleza, no precisamente sindical. Pero si los huelguistas o sus dirigentes no quisieran o no fueran capaces de contribuir con propuestas razonables al fin de la huelga, quizás fuera conveniente aceptar la sugerencia de una mediación o arbitraje que pudiera facilitar ese desenlance. Lo que no puede ser es que el más esencial de los servicios públicos, la sanidad, siga bajo mínimos por tiempo indefinido y cientos de miles de enfermos dejados a su suerte o malamente atendidos.