Los líderes del conflicto hospitalario cobran exclusividad y tienen pluriempleo

Los médicos que han liderado la protesta de la sanidad pública tienen varías cosas en común: obtienen un sobresueldo en una compañía privada -Previsión Sanitaria Nacional-, comparten sus ideas sobre la sanidad pública con el PP y cobran exclusividad en hospitales públicos. Uno de los más destacados, Carlos Amaya, trabaja, además, en una clínica privada, lo que el Insalud reconoce como una irregularidad, aunque no ha movido un dedo por evitarla. Las negociaciones siguieron ayer en Andalucía, mientras en Valencia los huelguistas esperaban una respuesta M PP, reciente ganador de las elecciones.

La cabeza visible del comité de huelga, Vicente Garcés, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, es neurocirujano en La Fe de Valencia. Como liberado sindical cobra una nómina anual bruta de 6.825.000 pesetas (544.770 al mes incluido el plus de 145.322 pesetas de dedicación exclusiva). También percibe unos honorarios cercanos a los seis millones, según distintas fuentes, como miembro del Consejo de Administración de la antes mencionada Previsión Sanitaria Nacional, una mutua aseguradora para profesionales sanitarios que incluye todo tipo de seguros excepto el de asistencia sanitaria. Previsión Sanitaria creó recientemente la Fundación Rey Alfonso XIII para la promoción de la salud, de la que Garcés es también asesor.El peso de las negociaciones directas con el Insalud lo ha llevado Carlos Amaya, también miembro de la CESM. Amaya es neurocirujano del hospital del Niño Jesús de Madrid, percibe su sueldo (6.438.072 pesetas anuales brutas) como liberado sindical con plus de exclusividad para la sanidad pública, pero, además, pasa consulta los martes y los jueves, de siete a nueve de la tarde, en la clínica privada Nuestra Señora del Rosario. El Insalud, que considera irregular esta situación, no ha aclarado si ha ordenado una inspección.

El líder en Andalucía ha sido el médico Juan Pedro Jiménez Tamplín. Sus ingresos provienen también de su función sindical y de pertenecer como vocal al consejo de administración de Previsión Sanitaria Nacional.

El representante sindical de la CESM en el hospital Clínico de Madrid Luis Sánchez Harguindey cobra como médico y como vocal de Previsión Sanitaria Nacional. Sánchez Harguindey es secretario general de la Fundación Rey Alfonso XIII.

Las relaciones entre la CESM y la Organización Médica Colegial, que apoyó oficialmente la huelga, son estrechas. Miembros de la CESM son cargos representativos de este órgano colegial.Simpatía política

Las simpatías políticas de los líderes sindicales de los médicos se pusieron ayer claramente de manifiesto en Valencia, informa Claudia Navarro. Allí, el líder de la CESM Antonio Matilla se reunió con el interlocutor del PP en la Comunidad Valenciana, Julio de España. Éste se había comprometido a iniciar las negociaciones después de ganar las elecciones. Matilla aseguró que los médicos ya no exigen una subida salarial de 100.000 pesetas. "Primero debemos saber de qué dinero dispone el PP en las arcas de la Consejería de Sanidad", dijo De España.

En Andalucía, las espadas siguieron ayer en alto. Los médicos realizaron un encierro de 24 horas y hoy decidirán nuevas estrategias. La Junta se dispone a dividir al enemigo pidiendo individualmente -7.000 cartas- adhesión a su última propuesta retributiva. En Cataluña, el seguimiento de la jornada de huelga en los hospitales concertados fue, en algunos casos, del 100% en los centros comarcales y algunos hospitales pequeños de Barcelona, y del 50% en los grandes hospitales concertados de la capital, informa Milagros Pérez Oliva. Los médicos reclaman la equiparación salarial de los hospitales comarcales con los centros del Instituto Catalán de la Salud. En algunos casos se producen diferencias de hasta 100.000 pesetas mensuales. Es la misma reivindicación que ha puesto en pie de guerra a los médicos del Insalud, de Valencia, de Andalucía y de Galicia, cuya huelga acabó al llegar a un acuerdo con la Xunta.

El fiscal general del Estado ha pedido información a Sanidad para dar respuesta a la denuncia de una organización de consumidores.