Un ex agente de la policía de Pinochet dice que le ordenaron asesinar a Leighton

Bajo estrictas medidas de seguridad, oculto detrás de un biombo, canoso, el estadounidense Michael Townley, ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta del general Augusto Pinochet, declaró el viernes y el sábado ante la justicia, en Roma, que en 1975 sus jefes le ordenaron matar al ex vicepresidente chileno Bernardo Leighton. En su testimonio ante el fiscal italiano Giovanni Salvi, Townley incriminó a los dos acusados chilenos por el atentado a Leighton, los generales de la DINA Manuel Contreras, ex jefe de este organismo represor, y Raúl Iturriaga, ambos actualmente en situación de retiro.

El juicio en Roma, que ha sido titular de primera plana en la prensa chilena, ha desnudado el alcance del brazo exterior de la DINA, una internacional del terror, que operó durante el régimen de Pinochet. En 1975, relató Michael Townley, obtuvo la colaboración de Stefano della Chaiae, líder de la ultraderechista Vanguardia Nacional, para asesinar a Leighton, un democristiano que buscaba la unidad con los partidos de izquierda frente a la dictadura militar.

Aunque el atentado en Roma no mató a Leighton, le dejó inválido e hirió a su esposa. Con frialdad y a veces sonriendo, Townley declaró que informó a Contreras al regresar a Chile de que la misión había fracasado, y después contribuyó a tratar de desdibujar las sospechas que recaían en la DINA.

Otro testigo, el jardinero del estadounidense, que viajó a Roma para ratificar la estrecha relación entre Townley y la DINA, recordó el asesinato del español Carmelo Soria, cometido por la DINA en 1976. A él le correspondió limpiar las manchas de sangre que quedaron en el suelo del cuarto del domicilio de Townley donde fue torturado y asesinado Soria.

El juicio en Roma ha coincidido con la etapa final del proceso a Contreras por el asesinato en Washington, en 1976, del ex ministro socialista Orlando Letelier. Por este último crimen, Contreras está condenado en primera instancia a siete años de prisión y el jefe de operaciones de la DINA, el brigadier Pedro Espinosa, a seis.