Diferencias de clase

Grandes planes: 18.000, 400.000, 60.000 casas. El baile de ofertas de nuevos pisos a precios razonables constituye uno de los argumentos preferidos de los políticos, junto con las danzas alrededor de los nuevos puestos de trabajo. Y casi tan incumplido como éstas. Tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad han dejado incompletos sus programas de vivienda, aunque en parte han contando con la ayuda de la suspensión de pagos de la cooperativa ugetista PSV para incumplir sus promesas.El presidente regional, Joaquín Leguina, renovó su mandato en 1991 con el compromiso de sacar al mercado suelo para 80.000 pisos. Pero se frenó a mitad del camino: sólo 50.000. El gobierno del PP en el Ayuntamiento, presidido por José María Álvarez del Manzano, prometió terreno para 50.000 pisos: incluyendo las recalificaciones de suelo para viviendas de precio libre, llegan a 30.000; y con las del Plan 18.000 -lanzado en 1989 por el PSOE- se situarían en 42.217. E insisten: el alcalde ha impreso en su programa electoral otras 95.000 viviendas, y 2.000 para realojar a la población marginada; Leguina se pone una meta más modesta, 75.000 viviendas, de las cuales 25.000 se destinarán a los jóvenes. Según los estudios de la Consejería de Política Territorial, la región madrileña demanda 35.000 viviendas anuales: 140.000 en el mandato cuatrienal.

La diferencia entre las políticas de ambas administraciones ha estado marcada por el sector social al que van dirigidas. El Ayuntamiento ha destinado a la vivienda de protección oficial (para familias que no ingresan más de 3,5 veces el salario mínimo, 235.000 pesetas) la mitad del suelo generado; mientras que la Comunidad, genera el 75% del suelo para esas personas.

Además, una y otra difieren en su consideración de quiénes tienen derecho a las viviendas subvencionadas. La política del gobierno municipal ha estado marcada por la fuerte apuesta por las viviendas deprecio tasado (familias con ingresos de hasta 7,6 veces el salario mínimo, -unas 475.000 pesetas brutas-) en la particular interpretación del PP. El resto de España, entretanto, sólo consideraba dignos de casa subvencionada a los que ganan un máximo de 5,5 veces el salario mínimo: 345.000 pesetas. La idea que cautivó al propio José María Aznar.

La exportación de Aznar

En una visita en noviembre de 1992, al primer edificio de estas características que construyó la empresa Municipal de la Vivienda (EMV), el presidente del PP pidió toda la documentación disponible para exportar el plan para clases medias-altas a toda España.

Pero el entusiasmo se vio enturbiado, poco después de la visita de Aznar a Chamberí, por el escándalo de la adjudicación de 233 de esos pisos: 137 de ellos se concedieron irregularmente. Y uno de ellos, a una funcionaria de la EMV casada con un diputado regional del PP. Otros, a funcionarios municipales.

Finalmente, el fiscal decidió archivar sus investigaciones porque no hubo delito, pero el Tribunal Superior de Justicia reconoció derecho a piso a las 137 personas a las que se eliminó de la lista irregular de adjudicatarios.

Los titulares incendiarios con las denuncias de la oposición no apagaron la pasión del PP por los pisos para las clases medias, y las siguientes promociones han tenido cada vez más éxito de público.

El PP considera que los que ingresan hasta 7,6 veces el salario mínimo tienen derecho a un piso barato. El argumento utilizado para subir el techo de los beneficiarios se centra en el mayor poder adquistivo de los madrileños y el alto precio de la vivienda respecto a otras ciudades.

Los responsables del PP consideran que "sus hijos" como suelen decir, no pueden acceder a un piso con precio de mercado libre porque no tienen suficiente dinero y tampoco entran en los concursos de protección oficial porque no son "tan pobres".

La Ley del Suelo, aprobada en la Asamblea de Madrid con el consenso de los grupos políticos tras arduas y largas negociaciones incluso en el seno del PSOE, obliga a que el 50% de los pisos que se construyan en municipios con más de 25.000 habitantes tengan algún tipo de protección oficial.

Esa nueva normativa, que Leguina trató de aprobar desde 1989, establece además un sistema de conciliación de intereses que da a los alcaldes derecho de veto sobre proyectos regionales y crea la comisión de concertación territorial, una suerte de tribunal del urbanismo intermunicipal.

A pesar de que el Ayuntamiento no tiene competencias en materia: de vivienda y el alcalde suele quejarse de que los municipios asumen responsabilidades para las que no están facultados legalmente -y para las que carecen de recursos-, jamás le ha molestado "tener que hacer pisos".

A través de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), el alcalde ha promovido directamente y ha terminado en estos cuatro años de gestión 3.541 viviendas, de las que el 19% fueron de precio tasado.Planes ante las urnas

Tanto el alcalde como Leguina han conseguido rematar sus respectivos planes de ordenación urbanística cuando ya se avecinaban las elecciones. El nuevo plan general de urbanismo de la capital -cuya elaboración ha costado unos 5.000 millones de pesetas-, está siendo fuertemente criticado por los grupos de la oposición, sindicatos y colectivos profesionales.

En ese plan se ha incluido la operación si cabe más emblemática y también polémica del PP: la batalla por la aprobación de seis nuevos barrios en Madrid con 70.000 viviendas ha mantenido la tensión entre Ayuntamiento y Comunidad durante dos años. Finalmente, ambas administraciones pactaron la aprobación de cuatro de los seis ensanches -el consejo regional de Urbanismo ratificará la recalificación el próximo miércoles- para zanjar la polémica.

En realidad sólo se aplazaba la discusión sobre los crecimientos más conflictivos: los nuevos barrios de Vallecas (17.000 viviendas) y Arroyo del Fresno (junto al monte del Pardo, 3.000 pisos). Las actuaciones menos problemáticas, las que nunca fueron totalmente desechadas por la Consejería de Política Territorial (37.307 viviendas), tendrán la luz verde ahora; el resto se incluye en el plan de Urbanismo que ratificará el ganador de las elecciones regionales del 28 de mayo.

El plan regional de Estrategia Territorial -ha costado 450 millones de pesetas- tiene poco que ver con el municipal. Se limita a acotar zonas medioambientalmente protegidas, ámbitos donde se ha de concentrar la industria de la región y los terrenos donde se deben construir las viviendas que necesita la comunidad: en los municipios de Alcalá de Henares, Rivas-Vaciamadrid Arganda, Pinto, Valdemoro, Parla, Móstoles, Navalcarnero, Majadahonda, Las Rozas y Collado Villalba.

PSV

Ambas administraciones han sufrido en sus carnes la suspensión de pagos de PSV. La cooperativa se llevó 67 parcelas (unos 4.000 pisos) del Plan 18.000 (municipal) y la mitad de las casas proyectadas en Valdebernardo (consorcio formado por la Comunidad y las cooperativas para dar un techo a 6.000 familias).

La figura del consorcio ha sido la elegida por la Comunidad para llevar a cabo sus operaciones urbanísticas en la región. En esos organismos han participado los ayuntamientos, cooperativas e incluso el Ministerio de Obras Públicas. Ejemplo de sus actuaciones han sido Madrid Sur, Leganés Norte, Getafe Norte, Loranca -en Fuenlabrada, donde hasta 1993 se levantaron los esqueletos de la urbanización inacabada Nuevo Versalles-. En total, 12 consorcios para vivienda y otros tres polígonos industriales con núcleo residencial (La Garena, Arroyo Culebro y Parque Oeste).

Ese sistema de gestión del suelo ha dado bastante buenos resultados (salvando los problemas derivados de PSV): Madrid Sur es un buen ejemplo. Los jóvenes de Vallecas consiguieron un piso de buena calidad a un precio razonable (entre 10 y 15 millones) con poco retraso respecto a las fechas de terminación previstas.

Pero casi dos años después de que llegasen los primeros vecinos la estación de tren prometida es todavía un proyecto, al igual que el ambulatorio del Insalud y el polideportivo. A cambio, las obras de la sede de la Asamblea de Madrid en una manzana del barrio ya han comenzado.

El Ayuntamiento forma parte de ese consorcio y también del Pasillo Verde que gestiona el enterramiento de las vías del tren entre las estaciones de Príncipe Pío y Méndez Álvaro, junto con Renfe. Esta ambiciosa operación (la anunciaban cuando se creó en 1989 como la mayor intervención urbanística jamás realizada en Madrid) iba a costar 18.000 millones y se terminaría en cuatro años. Pero la crisis del mercado de oficinas obligó a recalificar los terrenos y doblar el número de pisos y aumentar el precio del suelo para poder cuadrar las cuentas del consorcio. El presupuestos global superará los 43.000 millones de pesetas y la anunciada M-30 del ferrocarril no entrará en servicio completamente hasta 1997.