Españoles víctimas de la guerra sucia

Cuando el primer ciudadano español, Julio Antonio Martín Martín, desapareció en Tucumán (Argentina), la dictadura de Franco se hallaba aún casi de cuerpo presente. Fue un 27 de diciembre de 1975. España estrenaba entonces, a duras penas, un Gobierno de transición a la democracia. En los cuatro años siguientes, otros 34 españoles fueron capturados por el aparato represor argentino. ¿Qué hizo España? ¿Hubo suficiente presión diplomática durante y después de la dictadura militar? ¿Se averiguó todo acerca de las circunstancias de su desaparición? ¿Se conoce el nombre de alguno de sus torturadores?España, a diferencia de Francia o Italia, no alentó investigación o juicio alguno contra los verdugos de sus ciudadanos. Razones de Estado, que empujaron al Gobierno español a aceptar las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, promulgadas el 24 de diciembre de 1986 y el 30 de mayo de 1987, respectivamente, y las limitaciones del ordenamiento jurídico español han hecho imposible toda justicia.

El actual ministro de Asuntos Exteriores, Javier Solana, aseguró el miércoles en una interpelación parlamentaria de IU que "este Gobierno, como el anterior

[UCD], había trabajado sin cesar" por la suerte de los españoles desaparecidos en Argentina.

Ésa no es la opinión de Matilde Artés, Sacha, madre y abuela de la Plaza de Mayo, que fue presidenta en España del Comité de Solidaridad con Familiares de Detenidos Desaparecidos en Argentina. Sacha resume en una palabra lo que el Gobierno español hizo por sus desaparecidos: "Nada". "Nos sentimos estafados en nuestros sentimientos y en nuestra confianza", exclama.

Fernado Morán, PSOE, ministro de Exteriores entre diciembre de 1982 y julio de 1985, recuerda que el Gobierno español ayudó a Sacha a recuperar a su

nieta Carla, que había sido adoptada por los presuntos captores de su madre. Morán afirma que "se hizo mucho" y que se contó con "una gran colaboración del Gobierno de Alfonsín". Morán está convencido de que "se hizo todo lo posible".

Marcelino Oreja, actual comisario europeo por el PP, que fue ministro de Exteriores con UCD entre julio de 1976 y septiembre de 1980, y bajo cuyo mandato se produjo la desaparición de 34 de los 35 españoles listados, no recuerda hoy nada sobre el asunto. A través de su jefe de prensa, asegura que en aquel momento no se tenía conciencia de la gravedad del problema. Su sucesor en el cargo, José Pedro Pérez-Llorca, tampoco recuerda con precisión. Llorca, que coincidió con el mandato del general Galtieri, subraya que el "problema de las Malvinas fue el que le ocupó más tiempo".

El senador socialista Francisco Moreno, que en 1983 presidió una comisión de investigación del Senado que estableció en 35 el número de españoles desaparecidos y en 170 el de personas de origen español desaparecidas en Argentina, no se siente "en absoluto contento" con la evolución de la historia. "Se hizo todo lo posible, pero no sé si se hizo con toda la contundencia". Aquella comisión, que estableció que ninguno de los españoles desaparecidos tenía actividad política ilegal, fue la iniciativa parlamentaria más llamativa en 15 años.

El magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada está convencido de que "se pudo hacer más desde el punto de vista político, en la presión al Gobierno argentino, para lograr una investigación de los hechos y una eventual persecucion penal de los autores". Desde el punto de vista jurídico, dice el magistrado, las cosas son más complicadas, puesto que en la legislación española no existe, como en Francia, la posibilidad de juzgar en ausencia. A pesar de ello, "España pudo haberse personado como parte acusadora". Prada cree que la ley de amnistía no tiene valor fuera del territorio argentino, pero resalta las dificultades jurídicas a la hora de establecer la competencia de la Audiencia Nacional.

El artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial limita la actuación a los delitos cometidos en el exterior por españoles, y este no es el caso. "Una posibilidad hubiera sido recurrir a la persecución universal al tipificar el delito como genocidio, lo que sería forzado", explica. Un experto legal de Amnistía Internacional, Wilder Tiller, coincide con Prada: "Hay una convención internacional de 1948, dedi cada al genocidio, que abarca crímenes como la aniquilación de pueblos, y en la que sería difícil incluir a los desaparecidos".

La equiparación de la desaparición sistemática de personas con el delito de crimen contra la humanidad no se ha producido en el derecho internacional hasta el 9 de junio de 1994, cuando la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó la primera convención sobre este asunto. Latinoamérica se convirtió así en el continente pionero en declarar la práctica sistemática de detención-desaparición como "crimen de lesa humanidad". La convención no es retroactiva.

El abogado argentino Horacio Méndez Carreras, que llevó el caso de 15 franceses desaparecidos en Argentina a instancias del Gobierno de París, logró condenar a 30 oficiales, entre ellos al tristemente célebre capitán Astiz, quien además fue juzgado en ausencia en Francia. Desde marzo de 1990 existe una orden internacional de búsqueda y captura contra este militar, quien, a pesar de estar amnistiado en Argentina, no puede abandonar el país.

"La persecución de estos militares fue posible", explica Méndez Carreras, "gracias a una legislación francesa de 1945, cuya finalidad era la persecución de criminales de guerra". Esa legislación no se contempla en el ordenamiento sueco, país que fue neutral, "y por ello, el Gobierno sueco no pudo incoar un proceso similar al francés o italiano contra los presuntos asesinos de sus nacionales", dice.

El catedrático de Derecho Internacional en la Universidad Autónoma Antonio Remiro admite que, en el caso de los detenidos-desaparecidos, había limitaciones legales, pues para que un juez español pueda intervenir en un caso de asesinato de un español cometido por un extranjero fuera de nuestras fronteras es necesario que los hechos a perseguir no sean delito allí. "Españo pudo hacer mucho más de lo que hizo", dice Remiro, "pudo haber exigido la persecución del delito por las autoridades argentinas o haber otorgado la protección diplomática a los ciudadanos españoles que en el momento de su desaparición sólo tenían esta nacionalidad", hecho que según el ex ministro Fernando Morán, se produjo. Remiro cree que el problema es que no hubo suficient presión social y de los medios de comunicación en España por la suerte de los desaparecidos Mirta García, cuyos padre, Ramón García Ulloa y María Dolores del Pilar Iglesias, figuran en la lista de los 35, recuerda apenada: "¿Quién iba a hacer presión social?, ¿los pocos que huimos del horror?"

Remiro cree que lo único que se puede conseguir hoy, con la ley en la mano, es "una reparación por equivalencia", es decir, mediante indemnización a los familiares de los desaparecidos. El terreno penal está cerrado, por las leyes de Punto Final, Obediencia Debida e Indulto. Lo único que queda es "cerrar una cicatriz", como dice Mirta García; averiguar dónde están lo cuerpos de los 35 españoles desaparecidos en Argentina. Ése sería el único modo de acabar con la incertidumbre de los vivos y de limpiar nuestra conciencia. La de España. Pero para ello es necesario algo más que la voluntad política; hace falta decisión.