El 'caso Severo Moto' echa por tierra la estrategia política del Gobierno español en Guinea Ecuatorial

La diplomacia española "echó por la puerta a Guinea Ecuatorial en diciembre de 1993, pero 16 meses después ha vuelto a entrar por la ventana". La frase, de un alto cargo de Asuntos Exteriores, pone de relieve hasta qué punto el llamado caso Severo Moto ha dado al traste con los intentos de Madrid por desactivar la carga conflictiva de su relación, con su única ex colonia en el África subsahariana, que repercute incluso sobre la política interior española.

Miguel Ángel Moratinos, entonces recién nombrado director de Política Exterior para África, se prometió en diciembre de 1993 que la crisis con el régimen de Teodoro Obiang, provocada por la expulsión del cónsul español en Bata, Diego Sánchez Bustamante, iba a ser la última.Se trataba de acabar con la permanente tensión hispano-guineana, a la que la prensa española dedicaba ríos de tinta, criticando con frecuencia al Ejecutivo, y que suscitaba además interpelaciones de parlamentarios del Partido Popular (PP) y de, Izquierda Unida (IU) que pedían un recorte de la ayuda al desarrollo y un mayor apoyo a la democratización del país. "Guinea apenas tiene 350.000 habitantes, pero absorbía a veces más energías en este ministerio que Estados Unidos", dice un diplomático.

El compromiso con la democratización de la ex colonia lo adquirió el propio presidente del Gobierno, Felipe González, cuando, por primera vez, visitó Malabo y Bata en noviembre de 1991. En aquella época la política española con relación a Guinea se llevaba casi exclusivamente en la Moncloa, porque el entonces ministro de Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, estaba convencido de que nunca sacaría provecho de ella. En consecuencia, la traspasó a Presidencia del Gobierno.

En Bata, Obiang prometió a su huésped que promulgaría una amnistía y convocaría elecciones democráticas, y González se creyó que España, asumiendo su responsabilidad histórica, podría pilotar la transición en su ex colonia. Las elecciones legislativas que se celebraron dos años después acabaron de convencerle de que había sido engañado.

La expulsión del cónsul español en Bata fue la gota de agua que colmó el vaso. En diciembre de 1993 se rediseñó la política a seguir con relación a Guinea. A grandes rasgos, Moratinos preconizó con éxito ante su superiores efectuar dos modificaciones: desistir en el inútil empeño de liderar la democratización, pero mantener el apoyo concreto a la oposición democrática, y reducir a lo esencial la cooperación para no dar pie a más denuncias sobre su aprovechamiento por el régimen de Obiang.

El recorte fue brutal. La cooperación pasó de 1.900 millones de pesetas en 1993 a 950 en 1994, y para este año están previstos 1.250 millones. Se suprimieron los programas de apoyo al funcionamiento de organismos oficiales, incluidos los ministerios de Educación y Sanidad, y las becas a los militares. Se canceló además la asistencia técnica a la radiotelevisión guineana.

Se mantuvieron los programas humanitarios y educativos. El grueso de la ayuda pública española la suministran la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza y la Federación Española de Religiosos Sanitarios. En ningún momento pasa por las instituciones oficiales del país..

La fórmula de Moratinos dio resultados durante 16 meses. Guinea Ecuatorial desapareció de, las páginas de los periódicos. La vuelta a su país del más célebre de sus exiliados, Severo Moto, su detención domiciliaria y su posterior encarcelamiento han hecho añicos la estrategia diseñada por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

El Gobierno español se ha visto involucrado de nuevo en los problemas internos guineanos. Lo está incluso más que antes. No sólo González ha escrito a Obiang pidiéndole la liberación de Moto, sino que, previamente, sugirió al Rey que llamase por teléfono al presidente ecuatoguineano para rogarle que lo excarcelase. José María Aznar, el líder del PP, ha hecho también gestiones paralelas.