Grupos ciudadanos piden que las libertades de Schengen se extiendan a toda la UE

La Comisión Europea debería redactar un proyecto de directiva para extender a los 15 Estados miembros de la Unión Europea (UE) la abolición de los controles fronterizos acordada en el Convenio de Schengen, que entra en vigor a las doce de la noche de hoy para siete países. Ésta es una de las peticiones lanzadas ayer por el ECAS -un movimiento europeísta a favor de las libertades ciudadanas- y que choca frontalmente contra la posición del, en otros asuntos, liberal Reino Unido, contrario a esta libertad de circulación.

Con la entrada en aplicación de este acuerdo intergubernamental, a los ciudadanos que viajen por tierra, mar o aire entre siete países europeos (España, Por tugal, Alemania, Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo) no se les exigirá identificarse con pasaporte ni con DNI. A los siete se les unirá Austria, hoy observadora, el próximo mes. Italia y Grecia, también asociadas, están pendientes de poner a punto sus servicios informáticos. La desaparición de controles en las fronteras estará durante tres meses sometida a un régimen transitorio, pero a partir de final de junio será de finitiva e irreversible.La propuesta del ECAS (Euro-Citizen-Action-Service) no será de puro trámite. La entidad inaugura mañana en Bruselas por teléfono permanente (desde España: 07-322-534 42 33; fax: 07-322-534 52 75) para que los ciudadanos denuncien los incumplimientos del acuerdo, y así poder defenderles. Este mecanismo busca "activar la puesta en práctica de la ciudadanía europea, ese sueño político de los padres fundadores", como anunciaron ayer el presidente, Frangois Roelants, y el director, Tony Venables. Las quejas se atenderán en seis idiomas, entre ellos el castellano.

La petición a la Comisión se doblará con otra al Parlamento Europeo para que cree una comisión de investigación sobre los "obstáculos que recortan el derecho de los ciudadanos a vivir, estudiar y trabajar en otros países de la UE".

Ambas propuestas chocarán frontalmente con el Reino Unido. La libre circulación de personas -junto a la de mercancías, servicios y capitales-, está consagrada en el artículo 7A del Tratado de la CE. Pero Londres siempre se ha opuesto a llenarla de contenido.

Cuando el pasado febrero, el presidente de la Comisión, Jacques Santer, presentó al Parlamento su programa para este año, incluyó dentro de sus 72 páginas dos líneas escuetas que rezaban literalmente así: "Libre circulación de personas, derecho de viajar, materialización del principio de supresión de controles, adaptación del derecho comunitario derivado".

De esos propósitos aún no hay nada, pero las dos líneas bastaron para que la prensa británica desencadenara una agria campaña en torno al supuesto despotismo de Bruselas, que pretendía suprimir la validez de los, al parecer, inestimables pasaportes nacionales.

El obstáculo para la ampliación de Schengen, además del antiliberalismo de Londres -seguido en esto por Dublín-, está en los países escandinavos. Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega mantienen un particular Schengen nórdico: suprimieron el control mutuo de pasaportes en sus fronteras. Los tres primeros, que son miembros de la UE, han pedido incorporarse al espacio Schengen, a condición de que Noruega -que votó no a la adhesión- también entre. Pero para formar parte de él se requiere pertenecer a la UE. Si los actuales socios se aviniesen a levantar ese requisito, quedaría otro: Noruega debería aplicar todo el acervo comunitario sobre las materias reguladas por el convenio.