La batalla de ecologistas y vecinos contra las incineradoras se extiende por España
PSOE y PP defienden o atacan los hornos de basuras según las circunstancias
La encendida oposición contra la construcción de incineradoras de residuos ha unido a grupos ecologistas y asociaciones de vecinos como pocas veces antes. Juntos han conseguido paralizar unos 25 proyec tos en cuatro años; y no han permitido que se abra ninguna incineradora de, residuos industriales. Los principales frentes de protesta están abiertos ahora en Madri.41Cataluña, Baleares y Galicia. PSOE y PP, sin embargo, no lo tienen tan claro. El PSOE rechaza la incineradora de Madrid, pero defiende las de Barcelona y Mallorca. El PP las apoya incondicionalmente, pero en el pueblo gallego de Cerceda, donde se va a instalar una de estas plantas los con cejales populares se oponen.
La incineradora de basuras urbanas de Valdemingómez, la primera y única de la Comunidad de Madrid, está terminada. El horno gigante -16.000 millones de pesetas invertidos en reluciente acero y sólido hormigón- ya está preparado para digerir 600 toneladas diarias de desperdicios. Se ha construido en las afueras del término municipal de Madrid y forma parte de una planta de tratamiento integral de basuras que remueve 1.200 toneladas de las 4.000 que genera la capital cada día. Los gases de la combustión producirán la energía suficiente para que funcione una ciudad de 60.000 habitantes.La polémica se ha abierto entre los que hablan de las bondades de la incineración como método de reducción del volumen total de basuras y los que alertan de sus posibles perjuicios para la salud humana. Greenpeace y otros grupos ecologistas como Aedenat se han empleado a fondo contra esta instalación, por la emisión de dioxinas y sus posibles consecuencias cancerígenas. El Gobierno autónomo, del PSOE, ha insistido en su oposición a la incineración. IU también abomina del horno. El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP, recuerda que la adjudicación de la incineradora se aprobó en 1990 con el consenso de todos los grupos municipales (PSOE, PP, IU y CDS).
Vertederos de cenizas
Es difícil, sin embargo, que el alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, pueda inaugurar la antes de las próximas elecciones. Aún falta ultimar dos infraestructuras necesarias para el encendido del horno y para las que todavía no hay permiso de construcción: el vertedero de cenizas tóxicas producidas por la incineradora (30.000 toneladas anuales) y el sistema espía que medirá y controlará sus emisiones. Además, el gobierno regional prepara un decreto que limite la emisión de dioxinas a 0,1 nanogramos por metro cúbico, el tope impuesto por algunos países europeos como Holanda y Alemania.
El círculo de la incineración. de residuos en Cataluña está ya cerrado, al menos sobre el papel. Así lo considera el Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat después de aprobar esta semana el Programa de Gestión de Residuos Municipales. Este plan, que tiene como horizonte temporal el 2000, prevé solamente la construcción de una nueva incineradora en Cataluña, en Barcelona, con capacidad para tratar 350.000 toneladas al año de residuos municipales.
Pero los ecologistas y las asociaciones de vecinos y de consumidores, unidos en una nueva plataforma, insisten en las maldades de la incineración, exigen el cierre de las nueve plantas ahora existentes en Cataluña, algunas con 20 años, y la no construcción de la prevista en Barcelona. En el extremo opuesto se sitúa de hecho el Ayuntamiento socialista de Barcelona, que defiende de manera velada la necesidad de dotar a la ciudad de una incineradora de al menos 700.000 toneladas de capacidad, como alternativa al vertedero del Garraf, de próxima saturación. La Generalitat planea además cerrar pronto tres incineradoras, las de Vilada, Llivia y Castelltercol, demasiado pequeñas para que resulte rentable adaptarlas a la normativa anticontaminante de la UE.
En Mallorca, la planta incineradora de residuos sólidos urbanos de Son Reus, que destruirá 300.000 toneladas de basuras al año, entrará en funcionamiento a finales de año. La cremación fue la opción que las instituciones mallorquinas adoptaron, con los votos a favor del PP, Unió Mallorquina y PSOE, y la oposición del Partit Socialista de Mallorca. Desde la calle, colectivos ecologistas y vecinales han desarrollado numerosas movilizaciones y han recogido 30.000 firmas de protesta.
El coste global de la obra es de más de 10.000 millones de pesetas y el horno generará el 7% de la energía eléctrica consumida en Mallorca y Menorca. El vertedero de las cenizas inertes resultantes estará en una cantera en desuso, lo que también ha provocado protestas en la zona de Petra.
Cerceda y Somozas
El Plan de Gestión de Residuos Urbanos de la Xunta de Galicia es uno de los programas más polémicos del Gobierno gallego. La elección de la incineración para eliminar los residuos está siendo contestada por los ecologistas y por los propios concejales del PP en el Ayuntamiento coruñés de Cerceda, donde está prevista la ubicación de la planta. Los primeros critican la incineración por contaminante y prefieren el reciclaje; los segundos, a las puertas de las elecciones, se desmarcan de una industria que califican de "mala para el pueblo".
Las obras tienen un presupuesto de 30.000 millones de pesetas, junto con las cuatro plantas provinciales de tratamiento de basura. Dentro de un año deberían estar en funcionamiento las 32 empacadoras de basura previstas. Hasta ahora sólo se han iniciado las obras en la planta que se instalará en Guixar, barrio vigués de Teis. Su ubicación ha provocado largas protestas vecinales, que desembocaron en violentos enfrentamientos con la policía.
Además, a principios de junio entrará en funcionamiento la Planta de Residuos Industriales de Galicia, construida en el término coruñés de Somozas. Este centro permitirá el tratamiento y la eliminación de 72.000 toneladas de productos tóxicos y peligrosos. No es una incineradora, pero la ubicación y la capacidad de la planta provocaron protestas vecinales en la comarca de Ferrol, abanderadas por el Bloque Nacionalista Galego. "El terreno elegido no reúne las condiciones geológicas", asegura Francisco Rodríguez, diputado nacionalista. "Además, Galicia va a recoger los residuos de toda España".
Reportaje elaborado por Federico Simón, Manuel Bustos, Andreu Manresa y Xaquín López.
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