La economía y el horizonte político

DE SINGULAR, cuando menos, cabe calificar la actual fase de la economía española. A, sus dificultades internas hay que añadir las de un escenario político golpeado un día sí y otro también por las decisiones judiciales en torno al caso de los GAL. Ello explica, sin duda, las inusuales cautelas con que se mueven los inversores nacionales y extranjeros, a pesar de la evidencia del crecimiento de su economía y de la razonable previsión de que superará a lo largo del año la tasa del 3%. Cautelas que se extienden también al consumo privado, como demuestran los datos sobre el gasto de los hogares españoles durante 1994: no sólo este gasto cayó durante ese año respecto a 1993, sino que retrocedió en pesetas constantes a los niveles de 1990.Esa incertidumbre que parece haber arraigado en los mercados financieros y en los hábitos de consumo de los españoles no tiene básicamente su origen en la precaria situación política; se alimenta sobre todo de la desconfianza en que el actual crecimiento económico se consolide y pueda aportar beneficios tangibles al bienestar de los españoles. La percepción de que crecer no es suficiente parece haber calado, profundamente en la población en general. No sólo en los agentes económicos y sociales.

Una de las razones de esa actitud es la convicción, cada día más extendida, de que la actual recuperación económica no tendrá los efectos favorables de otras sobre el empleo. La recuperación en ciernes no va a permitir una corrección sustancial del desempleo ni una mejora significativa de la reinuneración de los trabajadores. Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al cuarto trimestre del pasado año revelan que durante esos tres meses se han seguido destruyendo puestos de trabajo (17.300): Las cifras totales de ocupación reflejaban, no obstante, a finales de 1994 una elevación de 47.000 personas respecto al año anterior, al mismo tiempo que se contenía de forma notable el crecimiento del paro.

Pero esas cifras, relativamente favorables, no invitan en modo alguno a la complacencia. Aunque esa tendencia se mantenga en los próximos años, sus efectos apenas se dejarán sentir en la reducción de lo que constituye el mayor desequilibrio de la economía española: el desempleo. Este tiene un elevado componente estructural, independiente en gran medida de los ciclos económicos y del mayor o menor grado de flexibilidad del mercado de trabajo. De la EPA también se deduce un dato socialmente inquietante: el aumento de un 21% en el número de desempleados de larga duración, condición que afecta ya a 660.000 personas.

También deben ser analizados con cautela los últimos datos disponibles sobre los otros dos grandes desequilibrios de la economía española: la inflación y el déficit público. El aumento del 1% en el índice de precios al consumo (IPC) de enero, significativamente inferior al previsto, no basta para acortar las diferencias existentes en el capítulo de precios con los países europeos más estables. Será difícil que el IPC se aproxime al objetivo del Gobierno, fijado para todo el año en el 3,5%. Y ello aun en la hipótesis favorable de que en los próximos meses no repercutan sobre dicho índice, al menos en la magnitud prevista, los aumentos del IVA y de los impuestos especiales.

En todo caso, si el IPC de enero ha sido inferior al esperado, no ha ocurrido lo mismo con el déficit de caja en ese mes, que ascendió a 364.000 millones de pesetas. La causa ha sido la desaceleración de los ingresos previstos y no la desviación del gasto, En condiciones normales, esa cifra sería poco significativa, pero no deja de ser preocupante en las actuales, a causa de la intermitente inestabilidad de los mercados financieros. La semana se ha despedido, precisamente, con otro sobresalto en este terreno: una nueva depreclación de la peseta y una ampliación del diferencial entre los tipos de interés de la deuda pública española y los títulos en marcos alemanes.

Es difícil precisar en qué medida esos movimientos se deben a las tensiones internacionales en los mercados de deuda, a la situación de nuestra propia economía o a los acontecimientos políticos ole carácter doméstico. En todo caso, el papel sancionador que vienen ejerciendo los mercados financieros sobre las expectativas de gobernabilidad en España seguirá teniendo un peso específico, al margen de los; propios indicadores económicos, por favorables que éstos sean. Lo cual plantea una situación ciertamente compleja, que exigiría por parte del Gobierno y de la oposición los máximos esfuerzos para normalizar y clarificar el horizonte político.