Un paso adelante

Hace aproximadamente un año el Ministerio de Educación hizo público un documento en el que establecía un conjunto de medidas destinadas a desarrollar ese concepto tan complejo que se llama "calidad de la enseñanza". Una de esas medidas -fundamental para el desarrollo de todas las demás- era la de dotar a los centros de enseñanza de una mayor autonomía que les permita elaborar un proyecto docente adecuado a las demandas y a las capacidades específicas de cada uno de ellos. Complementarias de la autonomía eran las propuestas de transformar y mejorar la dirección y gobierno, de los centros, así como el compromiso de evaluación e inspección suficiente de los proyectos en marcha.Ahora, el ministerio anuncia un anteproyecto de ley que viene a concretar tales medidas: poner en marcha la evaluación de. los centros e informar sobre sus resultados, potenciar la figura de la dirección, permitiendo, de este modo, una mayor autonomía de cada centro en la gestión. No he visto aún el anteproyecto, pero lo celebro, en cualquier caso, pues estoy segura de que encierra la propuesta adecuada para combatir el flanco más débil de la enseñanza pública: poca autonomía, escasa dirección, inoperante inspección. Es una propuesta valiente, difícil de explicar y de ser entendida por un colectivo acostumbrado a las decisiones asamblearias, pero quejoso, a la vez, de la imposibilidad de concebir y trabajar en proyectos comunes. Entiendo que cualquier propuesta dirigida a mejorar cualitativamente la enseñanza ha de dotar de una responsabilidad clara y definida a quienes llevan la carga de la misma: los que colaboran en un mismo proyecto docente y quienes lo gestionan.

Aunque la eficacia no es, desde luego, el único valor a tener en cuenta, es una valor inexcusable en cualquier empresa a la altura de los tiempos que corren.

La LOGSE, que es una ley con dificultades -como todo-, y más en tiempos de crisis, no funcionará si su puesta en marcha no cuenta con la convicción y el entusiasmo del profesorado, que es su principal actor. El apoyo político al gobierno de los centros y el reconocimiento de su autonomía son medidas necesarias, como lo es la evaluación del proceso de reforma y la publicación de los resultados de esa evaluación, a fin de que la elección de la escuela por los padres pueda hacerse con conocimiento de causa.

El malestar actual ante las indeterminaciones de la LOGSE está afectando más a la enseñanza pública que a la privada. Los docentes de centros públicos se sienten más abandonados a una suerte que no saben hasta qué punto podrán dominar. Lo público falla, entre otras cosas, porque la autoridad está siempre más arriba: la responsabilidad última de lo que ocurre la tiene siempre el ministro. Sin renunciar a los principios de la enseñanza pública, ha de ser posible conseguir que los centros públicos se cohesionen en torno a proyectos propios como lo hacen, con menor dificultad, los privados. Es bueno que las escuelas no sean todas idénticas, que se configuren de acuerdo con las necesidades de la zona en que se encuentran y el alumnado que tienen, que tengan autonomía para hacerlo. Y que den cuenta de lo que hacen. El control -interno y externo- es imprescindible para evitar la rutina y el estancamiento.

No es fácil ni sencillo arbitrar medidas que fomenten la calidad de la enseñanza. Lo cuantitativo siempre es más sencillo. El paso que se ha dado, sin embargo, es un paso adelante. Esperemos que prospere y no se tuerza.

catedrática de Etica, es senadora independiente dentro del Grupo Parlamentario Socialista.