El 'caso Letelier' se convierte en un proceso a la dictadura militar chilena

La suerte de los dos jefes del mayor aparato represivo del régimen militar chileno, condenados en primera instancia por el asesinato en Washington en 1976 del ex ministro de Asuntos Exteriores Orlando Letelier, quedó en manos de cinco jueces de la Corte Suprema, después de que finalizaran ayer las últimas apelaciones de los abogados de ambas partes. La retransmisión íntegra y en directo, sin pausas publicitarias, del juicio por televisión transformó al caso Letelier en un proceso público a la dictadura.Los representantes de la víctima pidieron cadena perpetua para el general retirado Manuel Contreras y el coronel Pedro Espinoza. Los defensores de los ex jefes de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), la policía política de la dictadura de Pinochet, solicitaron la absolución o reducir la sentencia preliminar, que es de siete y seis años de prisión, respectivamente, para que no cumplan pena de cárcel. El fallo de la Corte Suprema se conocerá en marzo.

En el juicio no estuvieron presentes los acusados. Sí asistieron, entre las cerca de 100 personas que siguieron el proceso, los familiares de Letelier, los presidentes de los principales partidos del Gobierno y cuatro generales del Ejército.

El abogado Juan Bustos, representante de la viuda e hijos del ministro socialista Letelier, dijo que Contreras y Espinoza detentaron "un poder omnímodo y se imaginaban que sus crímenes nunca serían castigados, y que este proceso se diluiría en el tiempo. Pero ha llegado la hora en que el destino se cumpla, ha llegado la hora en que la justicia se imponga y que los criminales reciban la pena señalada en la ley".

Fabiola Letelier, hermana del ex ministro que participó como abogada en, el proceso, calificó a Contreras como un "símbolo del aniquilamiento que hizo la Dina en este país". Pidió una "pena ejemplarizadora" para que los chilenos sientan que su aspiración de justicia queda satisfecha. Ambos recordaron la responsabilidad de la Dina en las desapariciones, asesinatos y torturas de cientos de detenidos durante el Gobierno militar, entre ellos el español Carmelo Soria.